Legisladora Provincial Mará Rosa Marcone - Encuentro Vecinal Córdoba-. Créditos: gentileza
Por Luis Delsemme

La situación que viven cerca de 4500 mujeres que trabajan como auxiliares de limpieza y del Paicor en las escuelas de Córdoba, configuran un atropello a la dignidad de las trabajadoras a partir de la aplicación de programas que estarían violando sistemáticamente los principales derechos laborales.

El estado, tanto el provincial como aquellos municipios y comunas que administran estos planes, es responsable de la precarización laboral a las que someten a las personas que cumplen un rol específico y destacado al momento de pensar en los establecimientos educativos, su mantenimiento y la alimentación que reciben los alumnos.

Una auxiliar, que por razones impulsadas por el temor a la represalia, no identificaremos, dialogó en “90 Minutos” de radio Única Punilla, sobre los sueldos que perciben: alrededor de $13.000 por una jornada laboral de cuatro horas, en negro y con contratos temporales.

 

Esa situación la confirmó al mismo medio, la Legisladora Provincial María Rosa Marcone –Encuentro Vecinal Córdoba- quien, junto a otros miembros de la Unicameral, concretaron un pedido de informes al gobierno provincial sobre cómo se aplica el “Plan de Federalización de Limpieza de Escuelas Públicas”.

Todo el esquema del plan, configura una violación a los derechos reconocidos en todas las convenciones de protección de los derechos de la mujer”, aseguró la legisladora, a lo cual agregó que cuando las mujeres quisieron acercarse a la Unicameral, les fue impedido el paso y los parlamentarios tuvieron que salir al encuentro. No eran más de una docena de mujeres que estaban reclamando por sus derechos, sin embargo no se les permitía dialogar con sus representantes.

Quienes se acercaron a la Unicameral, coincidieron con la persona que dialogó con “90 Minutos” al referirse sobre el “temor a la represalia”,  miedo a quedarse sin el trabajo.

Un tema inquietante y a la vez que marca un atropello a la dignidad de las personas, surge del comentario de Marcone, al referir que las mujeres “no tiene la libertad de decidir su embarazo… una trabajadora no tiene no tiene goce de licencia por maternidad”, por lo cual deben ceder su puesto temporalmente a una persona de su extrema confianza, para que la reemplace y luego de dar a luz, retomar la actividad laboral.

En 2018, el sueldo de las trabajadoras, estaba alrededor del 80% del salario mínimo vital y móvil, es decir “hoy deberían estar percibiendo por cuatro horas, alrededor de $35.000” aseguró la legisladora y no $13.000.

El plan corresponde a la provincia de Córdoba y se efectivizan por medio de los municipios y comunas, algunos de los cuales tiene ordenada la contratación y la aplicación, pero la gran mayoría, por ejemplo les descuentan la obra social y no les permiten incorporan a los familiares a la protección de salud.

Esta situación límite del personal, tiene una relación de responsabilidad compartida con los municipios, es decir no realizan ninguna acción para mejorar las condiciones laborales y eso agregándole que lo utilizan a modo de “plan social”, profundizando la precarización laboral.

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