Elementos filtrados por fecha: Lunes, 07 Octubre 2019
  • La municipalidad de Capilla del Monte dispuso en dos oportunidades clausuras por una deuda por “Promoción Turística”
  • Paseo Cerro Uritorco presentó el 26 de septiembre un recurso para alcanzar una “medida cautelar de no innovar”.
  • La Cámara de Apelaciones Civil de Cruz del Eje, admitió el trámite, pero aún no resolvió sobre la cuestión de fondo.

 

La situación planteada por las decisiones tomadas por la municipalidad de Capilla del Monte, ordenando la clausura del complejo Paseo Cerro Uritorco, en dos ocasiones, por una supuesta deuda impositiva, disparó la polémica sobre el alcance de la Ordenanza General Impositiva 2249/09.

Las clausuras generaron distintas acciones judiciales y declaraciones cruzadas que llegaron a tener en la opinión pública una caja de resonancia que alcanzó un nivel nacional.
 

En primer lugar, hay que destacar que el Cerro Uritorco, posee un alto grado de convocatoria turística, a nivel regional, nacional e internacional y se conoce que las clausuras significaron un grave inconveniente para turistas particulares y operadores que contaban con paquetes vendidos.

 

¿Qué dice el fallo de la Cámara?
 

 

Este medio, se acercó a dialogar con el Dr. Omar Sarich, Vocal de Cámara, al mismo tiempo que tomamos conocimiento pleno de la Resolución N° 14/2019.
 

En primer término, la resolución enumera la solicitud realizada por Sonia Anchorena de Crotto, donde pide que se resuelva sobre el otorgamiento de una “medida cautelar de no innovar”, con los fundamentos que describen la inconstitucionalidad de la ordenanza que fija el tributo y también al mismo tiempo cesen las clausuras y que la municipalidad no pueda ejercer ningún tipo de acción, porque esta situación pone en riesgo la continuidad laboral de 21 empleados que posee la empresa.
 

Ante este planteo de la demandante la Cámara aceptó el inicio del expediente.

 

Para continuar con la instrumentación del trámite, la municipalidad deberá en el término de 72 horas, proveer de los antecedentes mencionados, como ser los distintos reclamos por el monto adeudado y las impugnaciones formuladas.

 

Un amparo que permite trabajar y al mismo tiempo obliga a pagar

 

Tomando en cuenta el alto valor estratégico que tiene para la explotación turística el cerro Uritorco, no solo para Capilla del Monte, sino para toda la provincia en general y Punilla en particular, el amparo resuelto por la Cámara toma en cuenta tres factores fundamentales para el desarrollo armónico: el interés individual, respetando el derecho constitucional de trabajar y ejercer industria lícita por parte de la administración de Cerro Uritorco, el interés social, dado que el complejo es una fuente importante de trabajo, que le permite subsistir a 21 familias, además de toda al cadena de comercios que se ven beneficiados por la concurrencia al lugar, restaurantes, hoteles, colonias, comercios entre otros, no solo locales, sino de toda la región y por último el interés público, frente al derecho que tiene el municipio a percibir las tasas que son sus ingresos institucionales.
 

Ante estos aspectos, la Cámara, de oficio resolvió hacer cesar las medidas de clausura sobre el complejo, pero al mismo tiempo generó una cuenta bancaria judicial a los efectos de que la empresa deposite en ella el monto del 10% sobre la venta de entradas, de acuerdo a lo establecido en la ordenanza.
 

Bajo ningún concepto, la municipalidad tendrá acceso al dinero en guarda judicial.
 

Estas medidas tendrán validez hasta tanto se resuelva el amparo presentado.
 

El tribunal también exhortó a las partes a que agoten las posibilidades de diálogo, para tratar de encontrar una solución consensuada a este conflicto, en los estamentos judiciales correspondientes.

 

Una ordenanza cuestionada

 

La Ordenanza Impositiva 2249/09, es materia de objeción por parte de Anchorena de Crotto y ahora pasó a estar en estudio por parte de la justicia.
 

Desde la Cámara, aseguran que por el momento esta ordenanza tiene vigencia, por lo tanto, hay que cumplirla.
 

En cuestiones tributarias, “primero se debe pagar y después discutir”, es por ello que, en este caso, la empresa deberá depositar el dinero correspondiente a lo indicado en la ordenanza.
 

En cuanto a la deuda devengada, tendrán que discutirla ambas partes. El tribunal hasta ahora no recibió información sobre si se realizaron gestiones de cobranza con anterioridad, al mismo tiempo, aseguran que: “las impugnaciones administrativas tienen un tiempo de validez”, por lo tanto, a medida que la Cámara reciba la información proveniente desde el municipio, se evaluará la misma, con el fin de arribar a un fallo que de por finalizado el conflicto.

Publicado en Regionales
  • La joven apareció muerta en el dormitorio de su novio el 23 de junio de 2018.
  • De acuerdo a las pericias, Tali Alexis Moyano (20), murió por asfixia mecánica.
  • Al presunto homicida, también se lo juzga por haber provocado el aborto del embarazo de ocho meses que llevaba la joven.

 

El juicio que se está llevando adelante en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje contra Nahuel Gastón Rojas (21), pasó a un cuarto intermedio por un pedido de la defensa para que se le realice una nueva pericia psiquiátrica.

Desde el primer momento en que Rojas se sentó en el banquillo de los acusados, presentó distintas reacciones que fueron observadas por el presidente del Tribunal y la misma querella. El joven, aparenta desinterés por el proceso, incluso esbozando permanentemente “sonrisas”, que según expresó la defensa, obedecen a “una situación de estrés carcelario”.
 

Cabe recordar que, en la primera audiencia, efectuada el 19 de septiembre, el acusado aceptó hablar ante el tribunal técnico y el jurado popular, pero sus palabras e ideas fueron prácticamente inentendibles.

¿Qué ocurrió en la habitación después de la muerte de Tali?

Las pericias forenses determinaron que la joven murió entre las 8 y las 10 de la mañana, en tanto que las llamadas a la policía y la ambulancia las habrían realizado pasado el mediodía.
 

Según relataron algunos de los familiares, incluyendo a su hermano que declaró este lunes 7 de octubre, el día del hecho, antes de las 8, hablaron con la joven, diciéndole que su mamá la estaba llamando y se retiraron asumiendo que se iría a su casa. En el caso del testimonio de hoy, asegura que: “La llamé, le avisé que la estaban buscando y ella me pidió agua, le dije que me iba a trabajar”.
 

Hermanos, sobrinas y la madre del presunto homicida, fueron pasando en estas dos audiencias, aportando su testimonio sobre lo ocurrido aquella mañana del 23 de junio del año pasado, intentando darles contexto a las horas vividas en esa habitación, separada de la casa principal, donde Tali perdió la vida.

Sonrisas desafiantes.

Nahuel Rojas desde el primer momento que ingresó a la sala de audiencias, se mostró risueño, pero al mismo tiempo desafiante y negador. Así lo definió la psicóloga que le realizó, junto a un médico psiquiatra, las pericias al momento de instruir la causa.
 

Siempre se mostró mezquino al ser consultado sobre sus datos personales, brindando poca información, situación que fue cambiando conforme se realizaban las pericias pertinentes.
 

Para la familia, los cambios de conducta de Rojas están dados por la acción de “brujería”, a la que fue sometido.
 

Tomando esta situación visible, demostrada en la sala de sesiones, la defensa pidió una nueva pericia psiquiátrica para conocer la situación actual del acusado.
 

Para la querella, representada por el abogado Ramiro Fresneda, debe primar el derecho al debido proceso, por lo cual no ve inconveniente en la realización de la citada pericia, además porque: “La querella considera certeramente probado que el imputado comprendía exactamente bien cuales eran las consecuencias de sus actos, tal es así, que hay dos pericias una multidisciplinaria realizada por el equipo de peritos oficiales de Tribunales de Cruz del Eje y otra hecha en Córdoba que consideran que estaba en sus plenos cabales”.
 

La pericia solicitada tiene un plazo perentorio de 14 días para su presentación.
 

Con el resultado de este examen, el Tribunal y el jurado popular, podrán establecer con certeza, la responsabilidad penal de quien presumiblemente tomó la decisión de terminar con la vida de una joven mamá de una niña de dos años y que estaba cursando un embrazo de ocho meses.

Publicado en Policiales