By Kenneth Roth The Whashington Post
Kenneth Roth es el director ejecutivo de Human Rights Watch.

Derechos humanos básicos, acceso a la información, datos veraces, transparencia, legisladores trabajando en los recintos son algunos de los temas que hoy están pendientes, y no se cumple a partir de la “pandemia” que impulsa a los gobernantes democráticos a imponer cierto grado de autoritarismo.
 

La violación sistemática de los derechos humanos, es a simple vista, la imposición para poner el estado a disposición de interés políticos, comerciales, de laboratorios, de ideologías políticas atentado contra las libertades individuales.
Así también lo aprecia el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, en una columna editorial publicada por The Washington Post.

Roth comienza diciendo: “Algunos gobiernos alrededor del mundo están usando la pandemia para afirmar que los derechos humanos son un lujo que no nos podemos permitir. Usando la crisis como pretexto, están arrestando a sus críticos, intensificando la vigilancia y tomando amplios poderes de emergencia. La presunción subyacente es evidente: proteger los derechos humanos es un mero detalle que debe ser descartado cuando las cosas se ponen difíciles.
Sin embargo, la pandemia ha resultado ser también una oportunidad para promover los derechos humanos, no solo por una cuestión de principios sino también por razones pragmáticas. La crisis ha demostrado que las autoridades que ignoran los derechos humanos ponen en peligro nuestra salud. Respetar los derechos humanos es la mejor estrategia de salud pública.

Una buena política de salud pública, por ejemplo, requiere del acceso oportuno a información precisa para que los gobiernos puedan responder con rapidez a cualquier amenaza. Las primeras etapas de la pandemia en Wuhan, China, evidencian el peligro de suprimir la libertad de expresión sobre la salud pública.
 

Impregnados con la máxima de que ninguna noticia debe empañar la imagen del presidente Xi Jinping, las autoridades chinas inicialmente censuraron a los médicos de Wuhan que advertían sobre la presencia de un nuevo coronavirus similar al SRAG, y negaron falsamente que se transmitía entre humanos. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Southampton, incluso una semana de ventaja en la respuesta al virus pudo haber reducido su prevalencia en China en 66% para finales de febrero. Antes de que las autoridades chinas impusieran restricciones de viaje, millones de personas ya habían abandonado o pasado por Wuhan, permitiéndole al virus que se globalizara.

Hoy, algunos gobiernos están siguiendo los pasos de China de censurar a los que critican sus respuestas al virus. Entre los gobiernos transgresores se encuentran los de Egipto, Turquía, Bangladesh, Tailandia, Camboya y Bolivia. El argumento que siempre alegan es que quieren asegurarse de que la población reciba información veraz. El verdadero objetivo, por lo general, es marginar a los oponentes políticos o silenciar a los disidentes. La libertad de expresión está al servicio de la salud pública. La censura mata.

En otra parte de la columna, The Post sobre el acceso a la información médica publica: “Negarle a la gente el acceso a la información sobre la atención médica tiene un efecto comparable. Los bloqueos de internet —una manera conveniente para los gobiernos de prevenir que las críticas se propaguen— también atentan contra la habilidad de las personas de aprender a protegerse del virus. La incapacidad de atender la brecha digital, ya sea por pobreza o discriminación, tiene el mismo efecto.

Hay una dinámica similar en juego con respecto al derecho a la privacidad. Varios países están desarrollando aplicaciones para celulares usando tecnología Bluetooth, que podrían alertarnos si estuviéramos cerca de alguien identificado como infectado por el coronavirus. Este tipo de aplicaciones solo serán efectivas si grandes cantidades de personas las descargan y las usan por voluntad propia, algo que es poco probable que suceda si sienten que sus gobiernos están utilizando las aplicaciones como un pretexto para monitorearlos. Proteger el derecho a la privacidad es un servicio a la salud pública.

Pensemos en el derecho de todos a acceder a la atención sanitaria. Respetar ese derecho disuadirá a los gobiernos de enfocar los escasos recursos (como equipos de protección, tratamientos o vacunas) en sus electores convencionales y de ignorar a las comunidades marginadas, regiones con mayoría opositora, minorías raciales o étnicas, o simplemente a los trabajadores esenciales —muchos de ellos minorías, mujeres o personas con bajos ingresos— en los sectores de venta al público, servicios, transporte o atención médica. Los gobiernos deben también evitar priorizar el tratamiento del coronavirus en detrimento de las otras necesidades médicas de las personas. Eso también es una violación al derecho de las personas a la atención sanitaria eficaz.

De hecho en nuestro país, esta situación se repite en casos donde se registran decesos de pacientes, que quedan fuera del sistema de salud por no "presentar sintomas compatibles con Covid19" y a partir de esa decisión como consecuencia se perdieron vidas sin llegar a conocer la verdadera causa de la muerte.

La columna publicada continúa: "Nuevamente, hay razones pragmáticas así como de principios para respetar este derecho. El virus no respeta las barreras sociales. Una población desatendida —ya sean trabajadores migrantes en Singapur, solicitantes de asilo en las islas de Grecia, desplazados en Sudán del Sur, trabajadores de la industria cárnica en Estados Unidos o reclusos en cárceles hacinadas de todo el mundo— puede convertirse en incubadora del virus. Una vez que se desarrolle en una comunidad, el virus no tendrá mayores problemas para brincar divisiones sociales, fronteras internacionales o incluso muros de prisiones para infectar a otros. La discriminación y la exclusión pueden ser letales. La igualdad de derechos nos protegen a todos".

El uso por parte de los gobiernos de la mentada emergencia parece obedecer más a una amenaza que a una necesidad estratégica para controlar la enfermedad, que hasta el momento parece tener varios libros con directivas: “Es posible que la mayor amenaza provenga de los gobiernos que asumen en exceso los amplios poderes de “emergencia”. Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que ciertos derechos —como nuestro derecho a viajar o a congregarnos durante una epidemia de una enfermedad contagiosa— deben ser cedidos en tiempos de crisis, siempre y cuando las restricciones sean legales, necesarias y proporcionales. Sin embargo, varios líderes del mundo están usando la pandemia para fortalecer sus mandatos, desmantelar los controles y equilibrios, y escapar de la rendición de cuentas a expensas de nuestros derechos. Todos estos comportamientos van en contra de la política efectiva de atención sanitaria y pueden ser fácilmente contraproducentes” escribe Roth

Cuando se aplican los sistemas de responsabilidad democrática, los políticos, periodistas y activistas civiles pueden presionar cuando líderes como Jair Bolsonaro en Brasil, John Magufuli en Tanzania o Donald Trump en Estados Unidos minimizan el virus o le dan prioridad a sus apuestas electorales.

Esa resistencia es impedida cuando los líderes usan la pandemia para socavar las restricciones de su poder, como es el caso de Viktor Orbán en Hungría, Abdelfatah El-Sisi en Egipto, Hun Sen en Camboya y Nayib Bukele en El Salvador. Sus historiales en la contención del coronavirus contrastan desfavorablemente con la de líderes transparentes como Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, Tsai Ing-wen en Taiwán y Angela Merkel en Alemania.
 

Al final, aquellos que perciben los derechos humanos como un obstáculo para la salud pública, lo están entendiendo todo al revés. Respetar los derechos humanos no solo es la decisión correcta por un asunto de principios. Es también fundamental si los gobiernos quieren proteger la salud de la población en vez de su propio control del poder.

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