• Flavia Saganias cumple una condena a 23 años impuesta por la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje.
  • La justicia la encontró responsable de orquestar el ataque que casi le costó la vida a su ex pareja.
  • También resultaron condenados su hermano Enrique y su mamá Mónica Bonifacio.

La extrema violencia que vivió Gabriel Fernández (57), dejó marcas en su cuerpo y en su mente que seguramente lo acompañaran por el resto de su vida.
 

Fernández había sido escrachado en las redes sociales por Flavia Saganias acusadondolo por un abuso sexual contra una menor que la justicia nunca comprobó.
 

Mientras la Fiscalía de Cosquín se encontraba en pleno proceso investigativo de el presunto abuso sexual, tal como lo comprobó la justicia, Flavia orquestó un plan siniestro para acabar con la vida de Fernández, valiéndose de la complicidad de su madre Mónica Bonifacio, de su hermano Enrique Emiliano Saganias y una tercera persona que hasta la fecha no fue identificada.
 

En las primeras horas del 13 de agosto de 2017, los agresores golpearon la puerta de la vivienda y cuando el dueño de casa abrió para atenderlos, descargaron toda la furia impulsada por los dichos de Flavia. El ataque se llevó a cabo por medio de golpes con elementos contundentes, cuchillo y un arma de fuego. La víctima sufrió heridas de consideración, incluyendo abuso sexual, que finalizaron cuando lo creyeron muerto. Pero como si el tormento fuera poco, emprendieron contra la humilde vivienda, resultando incendiada en forma intencional.
 

El proceso judicial llegó a la instancia del juicio en la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, donde luego de las audiencias de debate, se pronunció la sentencia condenatoria el 27 de noviembre de 2019, con duras penas para los tres responsables, como coautores e instigadora,  de los delitos de “homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento en concurso ideal, con abuso sexual con acceso agravado en grado de tentativa e incendio en concurso real”, aplicándole una condena a 23 años de prisión.
 

Flavia Saganias es madre de cinco hijos, dos los cuales dos al momento tienen 3 años de edad.
 

Los mellizos estaban bajo el cuidado de un hermano mayor de edad y de su padre.
 

A consecuencia de esta situación el abogado Carlos González Quintana solicito a la autoridad judicial que su defendida se le otorgue la prisión domiciliaria para poder cuidar de los dos niños menores, tomando en cuenta que el padre biológico se encuentra en el exterior y en Capilla del Monte no viven familiares directos.
 

Participación de la querella.
 

El abogado Nicolás Cerrito, representante de la víctima, se opuso a la domiciliaria con una serie de objeciones.
 

Entre los principales puntos se puede leer en el expediente que los “menores nunca estuvieron solos”, siempre contaron con la presencia de un mayor responsable. Al mismo tiempo señala que los mellizos nunca estuvieron en el establecimiento penitenciario con su madre, siempre estuvieron acompañados por el hermano mayor y su padre.
 

Cerrito también hace mención a un informe de la perito oficial que dice sobre la condenada: “Aún no está arrepentida del acto delictivo que realizó” y que “continúa con su posición exculpatoria”.
 

También hace constar que la encuesta vecinal realizada por la policía local avala la situación de los hijos “atendidos por su padre”.
 

Otro de los puntos que refiere en su escrito el abogado hace pie en el riesgo de fuga, tomando en cuenta que Saganías tiene la patria potestad de los menores y los controles en la provincia son escasos. Cerrito recuerda la situación vivida con Enrique Emiliano, el hermano de Flavia, que se mantuvo prófugo por más de un año y que un tercer atacante aún no fue identificado, sumado a esto, el padre de los niños vive en el exterior.
 

Hay que tener en cuenta, que los menores tienen tres años, por lo tanto la mujer en el término de los dos años, debería regresar al penal de Bouwer para cumplir con el resto de la condena impuesta.
 

Sin lugar a dudas otro de los temas preocupantes para la querella está dado en el domicilio que ocupará Saganias, distante a unos mil metros del lugar de residencia de su víctima. Esto también combinado con la situación de permanente hostigamiento que continuó recibiendo Fernández, antes, durante y después del proceso judicial.
 

El abogado hace mención en otro de los puntos de oposición a la prisión domiciliaria, de un informe técnico elaborado en Dean Funes donde dice que “los niños no están desamparados”, en tanto que otro informe psicológico del penal de Bouwer reza: “Recibe visitas de su hijo mayor y de tres mujeres allegadas quienes estarían ocupándose de sus hijos menores”. Saganías no pidió nunca la incorporación a laborterapia.
 

Cerrito rechazó los informes fechados el 4 y el 12 de diciembre del año pasado, porque no reflejaban la situación actual, ya que los niños están a cargo de dos personas mayores de edad.
 

Por último, cabe mencionar que en la zona de Punilla no se puede cumplir con el artículo 33 de la Ley 24660, sobre la utilización de dispositivos electrónicos de vigilancia, por carecer la esta tecnología en la región, así los hizo constar en el expediente, donde también pidió una caución real de 10 millones de pesos.
 

Interés superior de los niños.
 

En la opinión de la Fiscal de Cámara,  se debía acceder al pedido de la defensa de Saganias, tomando con cuestión principal el interés superior de los niños y la relación con su madre. Se expidió de manera “positiva a la concesión de la detención domiciliaria a los fines de salvaguardar los derechos de los niños involucrados y solicitó que se arbitre los medios para que le patronato de liberados, asistido por personal policial, realice un control periódico de que la condenada este cumpliendo efectivamente la prisión domiciliaria”.
 

Acompañando la opinión de la fiscal, la Cámara resolvió el 16 de junio de este año, otorgar a la condenada la prisión domiciliaria, en una vivienda del centro de Capilla del Monte, bajo la tutela de una mujer, con la finalidad de cuidar a sus hijos, hasta tanto estos supere la edad de cinco años.
 

Saganias no podrá retirarse de ese domicilio sin la debida autorización de la Cámara, tampoco podrá consumir bebidas alcohólicas ni sustancias estupefacientes, deberá permanecer bajo la responsabilidad de la persona designada, quien se hará cargo de los traslados, alimentos, manutención y sociabilización extra domestica de los niños.
 

Además, tendrá que abstenerse de realizar cualquier acción que pueda poner en peligro la integridad física de la víctima y no puede realizar manifestaciones verbales o materiales que agraven al mismo, ya sea por medio directo o indirecto, expreso o tácito o a través de terceros, por medio oral, escrito, visual medios de comunicación, redes sociales entre otros.
 

Por último, la Cámara ordenó a la condenada a “someterse a un tratamiento psicológico a los fines de trabajar y elaborar cuestiones ligadas a la problemática personal y consecuencias a nivel familiar y personal”.
 

En el fallo de la justicia, también queda establecido que cualquier violación a lo dispuesto se podrá revocar inmediatamente el beneficio otorgado.

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  • Con esta medida, el pedido de prisión domiciliaria se tratará durante el periodo normal.
  • Para el Tribunal no “constituye medida de excepción urgente”.

El pedido de “prisión domiciliaria” para Flavia Saganias, condenada a 23 años de prisión por instigar a otros a cometer graves delitos -homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa en concurso ideal; con abuso sexual con acceso agravado en grado de tentativa e incendio en concurso real- con la participación de su madre y su hermano, Monica Bonifacio y Enrique Saganias.

Al momento de conocerse la sentencia, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje, ordenó la inmediata detención de Flavia, alojándola en la Establecimiento Penitenciario número 3 del paraje Alto El Durazno, en el departamento Santa María.
 

Ante esta situación, la defensa de la condenada, con el argumento de la existencia de hijos menores de 5 años de edad, solicitó la “prisión domiciliaria”. Para acceder al beneficio, Saganias deberá cumplir con ciertos requisitos como pericia psicológica, informe del servicio penitenciario y una fianza de seis millones de pesos, todo de acuerdo a lo pedido por la querella.
 

Como paso primordial, la defensa a cargo del abogado González Quintana, le pidió a la justicia que habilite la feria judicial, a los efectos de acelerar el tramite e intentar logar la prisión domiciliaria.
 

La respuesta del Tribunal de Feria, llegó este 3 de enero, en forma contundente al “no hacer lugar” al pedido del letrado, al considerar que “lo solicitado no constituye medida de excepción urgente, ni se ha denunciado hecho nuevo alguno, tampoco se encuentra acreditado en esta oportunidad procesal peligro inminente para los hijos menores de edad sujetos de preferente tutela ni para la madre condenada”.
 

Con esta resolución del Tribunal de Feria, el pedido formulado por la defensa deberá aguardar el trámite normal, durante el tiempo de atención ordinaria de la justicia.

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  • La defensa de Flavia Saganias presentó un pedido de prisión domiciliaria.
  • La fiscal subrogante Fabiana Pochettino recibió la solicitud.

 

En el marco de la condena a 23 años de prisión que cumple Flavia Saganias por instigar a cometer delitos, homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o mas personas en grado de tentativa en concurso ideal, con abuso sexual con acceso agravado en grado de tentativa e incendio en concurso real. Por estos mismos cargos fueron condenados el hermano de Flavia, Enrique Saganias y la madre de ambos, Mónica Bonifacio.

 

La defensa de Flavia, presento ante la justicia un pedido para que le otorgue la “prisión domiciliaria”, basándose en la situación familiar de la condenada, al ser madre de hijos menores de cinco años.
 

Ante este pedido, el abogado Nicolás Cerrito, representante de la víctima, el viernes 27 de diciembre se hizo presente en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje, con un escrito donde solicita una serie de medidas para ser cumplimentadas, en caso de que el tribunal tome la decisión de otorgar la prisión domiciliaria.
 

El letrado le solicitó a la Cámara que antes de acceder a la prisión domiciliaria, se le realice a Flavia Saganias una pericia psicológica, además que el servicio penitenciario elabore un informe sobre el comportamiento dentro del sistema carcelario y una encuesta socioeconómica llevada a cabo por personal de Tribunales de Cruz del Eje.
 

En cada uno de estos pasos, la querella podrá designar peritos de parte.
 

Otro punto solicitado por Cerrito, consiste en caso de concederle la domiciliaria, que Saganias efectúe un deposito como fianza real de 6 millones de pesos.
 

Todos estos puntos solicitados por la víctima, este lunes fueron aceptados por la Cámara en lo Criminal.
 

 

Una dura condena sin posibilidad de libertad condicional.
 

De acuerdo a la legislación vigente, Código Penal Argentino y la Ley 24660, los condenados por los delitos de abuso sexual, no podrían acceder a la libertad condicional.
 

En el caso de Saganias, la ley, si cumple con los requisitos establecidos le permitiría cumplir parte de la condena en domicilio, tomando en cuenta la existencia de hijos menores de cinco años de edad.
 

Es decir, que de acceder a permanecer en su casa, al momento de cumplir sus hijos cinco años, la situación se volvería a analizar para ampliar el beneficio o volver a prisión.
 

En el análisis de la justicia, según confirmo una fuente allegada al caso, también se tiene en cuenta el domicilio que la condenada fijaría, atentos a que la víctima habita en la misma localidad.
 

“La justicia le otorga a la víctima la posibilidad de participar e interiorizarse sobre la situación y en el caso de acceder, plantear argumentos antes y durante la prisión domiciliaria”, aseguró la misma fuente judicial.

 

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  • Portal de Opinion accedio a los fundamentos de la sentencia que condenó a Flavia Saganias, Emiliano Saganias y Monica Bonifacio a 23 años de prisión.

Las últimas semanas, en cuestiones judiciales, los medios periodísticos dieron cuenta en sus publicaciones de las alternativas que se vivieron en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje, atentos a un juicio que movilizó a la sociedad, despertando distintas acciones, algunas llegando al límite de la agresión.

 

El caso Flavia Saganias, intentó presentarse como un absurdo de la justicia, que en un fallo de “machista y patriarcal”, había condenado a una mamá de cinco hijos a una pena de prisión excesiva, a consecuencia de la falta de acción por parte de una fiscalía para investigar un supuesto abuso sexual de una menor.
 

De acuerdo a los reclamos manifestados en las redes sociales y en las puertas mismas de Tribunales de Cruz del Eje, algunos colectivos de mujeres, ejercieron un contundente reclamo de liberación de Flavia y la detención de un “violador”.
 

La justicia actuó, tanto en la Fiscalía de Cosquín como en la sala de audiencias de la Cámara que llevó adelante el juicio contra Mónica Graciela Bonifacio (60) y su hija Flavia Silvana Saganias (41), con la defensa del abogado Carlos María González Quintana y de otro de los hijos, Enrique Emiliano Saganias (39), que contó con la asistencia del letrado Nicolás Arnaldo Díaz.
 

Intento de confundir.
 

Este proceso nace a partir de una acción por parte de Flavia Saganias, de involucrar a su expareja Gabriel Fernández en el presunto abuso de una de sus hijas de siete años. Esta denuncia se radicó en la Fiscalía de Cosquín el 8 de agosto de 2017.
 

De acuerdo a lo establecido en el expediente judicial, en un mensaje telefónico a una persona conocida, Flavia le dice: “Estoy bien, denuncie ayer a Gabriel. Fui a Cosquín y a Córdoba porque abusaba de (la niña). Yo me di cuenta de esto hace como un mes, armé todo para que el hijo de mil puta quede preso ayer… y (la niña) habló, lloraba y lo negaba”, para continuar relatando: “Ayer mismo a la tarde tenía que estar preso… y esta nena arruinó todo, si yo lo mato pierdo a mis cinco hijos”.
 

A pesar de esta información que estaba en poder de la denunciante, y la actuación que estaba llevando adelante la fiscalía, la mujer tomó la decisión de escrachar a Fernández en las redes sociales, acusándolo de “pedófilo”.
 

El 13 de agosto de 2017, Mónica Bonifacio y su hijo, junto a una tercera persona, se hicieron presentes en la casa de Fernández, ubicada en Pampa al 900 de Villa Cielo de Capilla del Monte.
 

Una vez arribados al lugar, alrededor de las 7:30, Emiliano golpeó la puerta de la casa, y al momento de abrir, la víctima comenzó a ser salvajemente golpeado por el agresor, acompañado por otro hombre que hasta el momento no pudo ser identificado.
 

La paliza se trasladó al patio de la casa, donde ataron al hombre a un árbol y donde también se comprobó, participó de la agresión Mónica Bonifacio. La mujer, demostrando un alto grado de agresividad, le decía a su hijo “tenémelo, tenémelo lo voy a apuñalar, te voy a matar hijo de puta”, al momento que le clavaba una cuchillada en el tórax. La resistencia puesta de manifiesto por el agredido, evitó que esa herida le quitara la vida en forma instantánea.
 

No conforme con esta agresión, la mujer mientras la víctima continuaba inmovilizada colgado de un pie, le pidió a su hijo que le quite la ropa, quedando desnudo desde la cintura para abajo y tomando un hierro de la construcción de 10 mm, le provocó una herida en la zona perianal, “Hijo de puta, te voy a hacer lo que le hiciste a mi nieta” confirmó sus dichos Mónica en declaraciones judiciales.
 

Mientras estas torturas se llevaron a cabo en el patio, con un hombre inmovilizado, una puñalada en el tórax, una fractura en el antebrazo izquierdo por un palazo, además de innumerables cortes y contusiones que lo llevaron a estar próximo a desvanecerse, el otro sujeto provocó tres focos de incendio en el interior de la vivienda, para después rociar con una bebida alcohólica al agredido para prenderlo fuego.
 

Para acallar los gritos de pedido de auxilio de la víctima, Emiliano Saganias, le tapaba la boca con piedras y tierra.
 

La ferocidad del ataque, se documentó con una fotografía que tomó Bonifacio, con Fernández en el piso, ensangrentado y con un arma que apuntaba a su cabeza.
 

En ese momento se produjo una explosión en la vivienda, donde estaba guardada una motocicleta, con la presencia de muchas llamas y humo, situación que alertó a un vecino, ubicado en una loma a unos 50 metros de la casa siniestrada. Los gritos de auxilio de esta persona o la presunción de la muerte de Fernández, hizo que los agresores abandonaran la escena del crimen.
 

Por este violento hecho, que casi le cuesta la vida a un hombre, es que fueron juzgados los imputados. Es decir, para la justicia, está completamente documentado que Flavia Saganias fue parte de una acción determinada a quitarle la vida a un hombre, que no estuvo bajo investigación por la denuncia de abuso e incluso, le investigación que llevó adelante la fiscalía, se archivó recién a los 60 días de la denuncia, luego de agotar todas las instancias que establecen los protocolos para estos casos.

 

Un grupo familiar preparado para agredir
 

Como lo reconoció Flavia en un mensaje enviado a una conocida, la menor ya había negado el hecho y aún si tener un resultado definitivo de la investigación judicial, decidió utilizar Facebook y mensajes a amigos y conocidos acusando a Fernández de “violador y pedófilo”.
 

Fue entonces, cuando el domingo en que se llevaban adelante en el país elecciones, la madre, un hijo y un tercero, decidieron viajar a Capilla del Monte con la “idea de llevar a la niña a Isidro Casanova, en la provincia de Buenos Aires.
 

Esto no sucedió, apenas llegaron al norte de Punilla, se dirigieron a la casa de Fernández a cometer el ataque.
 

Tanto las declaraciones como la defensa de Flavia, intentaron establecer que no existió instigación por parte de la acusada, que hasta el momento del juicio permanecía en libertad.
 

La Fiscal de Cámara, Haydeé Gersicich, estableció con la prueba colectada, que existieron comunicaciones previas entre los acusados. Las pericias tecnológicas documentaron los movimientos de los teléfonos celulares y los archivos compartidos, como así también los móviles que habrían motivado la agresión.
 

Entre los móviles se menciona una suma de dinero que Flavia habría gastado en el parto de sus hijos gemelos y por otro lado también se menciona los materiales de construcción de una vivienda, en la cual tendrían participación Fernández y Saganias cuando eran pareja.
 

El sentido común, indica que, si la familia viajó desde Buenos Aires toda la noche, si no encontraron a Flavia cuando llegaron a Capilla del Monte, como no esperaron a contactarse antes de ir a la casa de la víctima.

Por otro lado, si Flavia no tenía relación con la agresión, ¿porque era importante que le envíen la foto de Fernández casi muerto?
 

Hubo un hecho que en las primeras horas de la investigación no fue tenido en cuenta, hasta el momento de poder hablar con la víctima.
 

Argos es un perro que aún tiene Fernández en su casa, es un mestizo negro que tiene por costumbre seguir a la gente conocida hasta la casa y después regresa. Ese domingo el perro apareció atado en la casa de Flavia. Ella, afirmó que el animal había seguido a un patrullero, cuestión que quedó descartada y la colocaba a ella en relación a los sucesos violentos.
 

Alegatos.
 

La Fiscal Gersicich, comenzó su alegato diferenciando los casos, la denuncia por el presunto abuso estaba archivada en Cosquín y ahora se estaba juzgando la agresión sufrida por Gabriel Fernández.
 

La fiscalía dio por cierto los hechos donde intervinieron tres personas, Flavia en calidad de instigadora y como coautores su hermano y la madre de ambos. Emiliano se responsabilizó de la agresión junto a su madre con la intención de hacer desaparecer a la tercera persona (aún no identificada) de los hechos.

También la fiscalía llevó a la sala de audiencia otra situación, tiempo antes al ataque, donde Flavia por cuestiones de aparentes celos, habría rociado con nafta a Fernández, aunque esto no fue denunciado.

En sus palabras la fiscal, también agravó la imputación por abuso sexual con acceso agravado, dada la clara intención de atentar o menoscabar la integridad sexual del damnificado. En cuanto al cargo de tentativa de homicidio, lo agravó por el de triplemente calificado, dado que, por una cuestión de tiempo, fue rápida la asistencia, el hombre no perdió la vida. Además, se les imputó el cargo de privación ilegitima de la libertad.

Los agravantes quedaron establecidos por parte de la fiscalía, teniendo en cuenta la edad madura de los acusados, estudios terciarios y secundarios, la gravedad y violencia inusitada desplegada, la premeditación y astucia del grupo familiar, creando y utilizando identidades falsas para su comunicación con el fin de eludir a la justicia y atentar contra la vida de quien es padre de dos personas menores pertenecientes a su familia.
 

Por su parte el abogado querellante, Nicolás Cerrito, acompañó los alegatos de la fiscal, y pidió la orden de detención de Flavia Saganias, argumentando en primer lugar la pena alta y en segundo lugar el peligro de fuga, ya que el padre de la menor vive en el exterior y la existencia de una tercera persona prófuga y que su hermano, coautor, en principio evadió a la justicia.
 

Para el abogado defensor González Quintana, “la fiscal tergiversó la prueba, valorando la prueba de manera fantasiosa y mendaz”, señaló además “la inexistencia de dolo por parte de la supuesta instigadora”. “En la audiencia se quiso desviar el móvil a una causa económica. Flavia expresó su malestar en las redes porque la justicia le dio la espalda; el objetivo de sus publicaciones era una actividad de descarga y bronca, hacia la justicia, que no le dio trámite”, sostuvo González Quintana.
 

Condenados a 23 años de prisión
 

El escrache en Facebook, el uso intencional de una investigación por una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor, de la cual ya se tenía conocimiento de que no había fundamentos, de acuerdo a las pericias y que aún estaba en proceso y los intereses particulares, fueron el motor para instigar a romper el contrato social, que nos regula como sociedad.
 

Pero la cuestión no pasa solamente por la situación judicial y sus consecuencias. La demostración de violencia por parte de quienes de alguna manera sostienen sus posturas porque las resoluciones no se ajustan a sus criterios, también son generadoras de situaciones violentas, donde no se miden las consecuencias y en ese aparente reclamo, se atentan contra los derechos de los demás, trabajadores de la justicia y de prensa, abogados y víctimas.
 

La condena a 23 años de prisión que recayó sobre Mónica Bonifacio y Enrique Saganias como coautores y la misma condena además de la inmediata detención de Flavia Saganias como instigadora, resultó por el análisis exhaustivo de las pruebas, las declaraciones de todos los testigos y los daños extremos ocasionados a la víctima.
 

La condena se aplicó por las siguientes imputaciones: “homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o mas personas en grado de tentativa en concurso ideal, con abuso sexual con acceso agravado en grado de tentativa e incendio en concurso real”.
 

Es importante mencionar que esta condena fue aplicada por unanimidad por los jueces Angel Andreu, Dora Antinori Asis y Ricardo Py, con la participación del voto unánime de cuatro hombres y cuatro mujeres integrantes del jurado popular.

 

 

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