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Elementos filtrados por fecha: Miércoles, 09 Mayo 2018

El caso de un hombre, vecino de Valle Hermoso, condenado este lunes por tres casos de abuso de menores, permitió conocer en detalle cómo trabaja la justicia cuando cuenta con los recursos y la ayuda de organismos oficiales.

El resultado se puede traducir por medio de los últimos fallos resonantes, donde el Dr. Martín Bertone de la Fiscalía de Cosquín, permitió la intervención del Centro de Protección Familiar, de La Falda, en el caso Yamila Garay y en esta oportunidad, la participación de la Dra. Gabriela Coloccini del Servicio de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes de Valle Hermoso.

Este servicio interdisciplinario, cuenta con profesionales que acompañan a la Dra. Coloccini, dos psicólogas y una trabajadora social.

El ejecutivo de Valle Hermoso, en esta gestión encabezada por el Dr. Julio Alba, tomo la firme decisión de encarar con los profesionales adecuados, la situación de aquellos niños y adolescentes que por distintas circunstancias fueron violentados sus derechos.

Este municipio, simplemente se encuadró en la ley vigente para poner en funcionamiento el servicio.
La Ley Provincial N° 9944, sancionada en 2011 y Promulgada por el Decreto N° 763, de fecha 20 de mayo del 2011, firmado por el Gobernador Juan Schiaretti.

En el Articulo 40 de la Ley, se establece que: “La Autoridad de Aplicación implementará la descentralización regional en el territorio de la Provincia a los fines de la promoción, protección y restitución de derechos de las personas sujetos de esta Ley, a través de dependencias específicas creadas a esos efectos. Las dependencias descentralizadas de la Autoridad de Aplicación tendrán como autoridad regional a un delegado, quien actuará en articulación y en conjunto con las autoridades administrativas locales de municipios y comunas creadas a tales efectos y con las distintas dependencias de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de los municipios y comunas son aquellas áreas responsables de desarrollar planes y programas de protección de derechos de la infancia a nivel local. La Autoridad de Aplicación propenderá a que en cada municipio o comuna se establezcan órganos especializados denominados “Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos”, los cuales podrán depender de la gestión de la provincia, del municipio o comuna o de gestiones conjuntas a partir de la celebración de convenios entre ellos. Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos son unidades técnico operativas con una o más sedes, cuya función es la de promover políticas públicas locales con enfoque de derecho, generar y promover los espacios de participación de las niñas, niños y adolescentes y facilitar que las niñas, niños y adolescentes que vean amenazados o violados sus derechos puedan acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad. Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos y las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) deben contar con equipos profesionales interdisciplinarios, los que se encargarán de adoptar y aplicar las medidas de protección integral con la asistencia técnico-jurídica, acompañamiento y coordinación de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley”.

 

Además, al momento de la aprobación de la Ley, se fijo el presupuesto anual necesario para que este sistema entre en vigencia y funcione adecuadamente, en forma independiente de cualquier otra área municipal.
Si el interés político de mejorar las condiciones de desarrollo de nuestros niños y adolescentes, dentro del marco de la ley y sus derechos, los municipios y comunas deberían comenzar por adaptarse a la legislación vigente y el gobierno provincial, con todo su poder de contralor, tendría que hacer observar el cumplimiento de los estipulado en el articulado vigente.

La situación social, especialmente de nuestros niños y adolescentes esta transitando por un camino muy delicado, donde influyen distintos factores, muchas veces ajenos a la voluntad de los mayores responsables de la guarda. Pero que hacemos cuando un niño o un adolescente es afectado en sus derechos? Las familias muchas veces no pueden afrontar el conflicto y el estado, en todos sus estamentos, está ausente y la sociedad mira para otro lado.

Esto ocurre por no tener las herramientas, por desidia o por desinterés. Pero cuando están dadas las pautas legales y no las cumplimos o el estado las ignora en cierta manera nos convertimos en cómplices del delito consumado y del abandono de la víctima.

No alcanza solamente con conseguir en los estrados judiciales, condenas severas a quienes hieren el alma de sus víctimas, si no les damos la debida atención para poder superar en el contexto familiar el gran trauma que por desgracia les toco vivir.

La sociedad en su conjunto, debería exigir, que desde el estado más cercano, municipios y comunas se comience a dar cumplimiento a la legislación, simplemente porque “todos somos responsables del futuro de nuestros niños y adolescentes”, y lograr una vida mejor para ellos debería ser un mandato abrazado por la comunidad.

El silencio de las víctimas que jamás volverán a tener sus vidas como antes, debería ser la voz del estado.