• La denuncia presentada por el Intendente de Huerta Grande Matías Montoto fue confirmada por la Fiscalía de Cosquín.
  • La primera elevación fue rechazada por el Juez de Control.

El daño grave ocasionado por el volcamiento de líquidos cloacales al arroyo Huerta Grande estuvo a punto de quedar sin responsables al momento de ser rechazada la elevación a juicio propuesta por el Fiscal Martín Bertone.

El recurso de apelación interpuesto por la fiscalía en septiembre del año pasado, obligó a la intervención de la Cámara de Acusación de Córdoba. La decisión de la Cámara fue en principio dejar sin efecto la imputación por “desobediencia a la autoridad” que recaía sobre Jorge Pafundo y Fernanda Monserrat Eguigurem, pero al mismo tiempo solicitaba ampliar la investigación sobre los cargos más graves, por daño calificado y contaminación ambiental.

La ampliación de la investigación dio mayor impulso a la causa.

A pesar de los comunicados por parte de Arcoop, donde se pretendió establecer que la Cámara había desestimado por completo la causa, la labor de la Secretaría a cargo de la Dra. Paula Kelm siguiendo los lineamientos de la Cámara de Acusación, logró aportar mayor cantidad de pruebas que sostienen la acusación.

Con esta nueva prueba, en las últimas horas, la Fiscalía elevó el expediente a juicio manteniendo la imputación para ambos acusados por "daño calificado a un bien público y contaminación dolosa en concurso ideal en calidad de coautores"

Se abrió una nueva etapa investigativa.

Con la incorporación de la nueva prueba, la justicia continúa investigando la existencia de otros posibles responsables en el grave hecho de contaminación denunciado y que a pesar de las advertencias de los organismos de control, se repitieron en distintas oportunidades.

*La denuncia realizada por el Intendente Matías Montoto en agosto de 2017 continúa vigente.
*La Cámara de Acusación de Córdoba dictó el sobreseimiento solamente en el cargo de “desobediencia a la autoridad”
*Al mismo tiempo confirmó que se continúe investigando la imputación por “Daño calificado a un bien de uso público y Contaminación dolosa en concurso ideal, en calidad de coautores”.

Si de algo estamos orgullosos los punillenses es de nuestra geografía, la calidad de vida y nuestro ambiente.

Es por ello que la mayoría de los ciudadanos tratamos de impulsar las normas necesarias para alcanzar el mejor estándar de vida, a partir del cuidado de nuestro suelo y del ambiente.

Con estas premisas exigimos a las autoridades el mayor cuidado y atención para lograr que los proyectos que se instalen en nuestro territorio cumplan con toda la normativa para evitar desastres.

Pero qué pasa cuando algunos de los responsables de estos cuidados se desvían de las normas y sus responsabilidades generando serios riesgos en el ambiente que pueden afectar de manera significante a los vecinos próximos y que este atropello puede llegar, siguiendo la cuenca hídrica, hasta la misma ciudad de Córdoba, envenenado el agua domiciliaria.

Arcoop contaminó, así lo sostuvo la denuncia presentada en la Fiscalía de Cosquín.

El intendente Matías Montoto en agosto de 2017 luego de varios reclamos, de adjuntar fotografías y videos, puso en evidencia los volcamientos de líquidos cloacales que realizó la Estación de Bombeo lindante a la Ruta Nacional 38, sobre el lecho del arroyo Huerta Grande.

Todo lo agregado al expediente judicial, estuvo comprobados por las acciones de control llevadas adelante por el ERSEP y Policía Ambiental.

Luego de sustanciado el expediente, el entonces Fiscal Martín Bertone procedió a la elevación a juicio de la causa.

Con una resolución polémica, el Dr. Gabriel Prémoli decidió revocar la decisión de la fiscalía, rechazando el pedido de juicio contra Jorge Pafundo y Fernanda Monserrat Eguigurem. Ambos estaban imputados por los delitos de “Desobediencia a la autoridad, por no dar cumplimiento a las notificaciones emitidas por el ERSEP y Policía Ambiental y por Daño calificado a un bien de uso público y contaminación dolosa continuada en concurso ideal, en calidad de coautores”.

El 14 de septiembre de 2018 el Dr. Martín Bertone, presentó un recurso de apelación ante el Juez de Control, que fue resuelto en los últimos días por la Cámara de Acusación de Córdoba.

La Cámara de Acusación desestimó la imputación por Desobediencia.

Por un formulismo legal, la Cámara desestimó la imputación por “desobediencia a la autoridad” de ambos acusados.

La decisión está basada en el hecho de que las notificaciones de ERSEP y Policía Ambiental estaban dirigidas a la empresa y no a nombre de los responsables.

De acuerdo a la información recogida en fuentes tribunalicias, la Cámara mantiene vigente la imputación más grave, que es la de “Daño Calificado a un bien de uso público contaminación dolosa en concurso ideal” para ambos acusados.

El expediente cuenta con seis cuerpos, que al momento se encuentran activos, a partir de la investigación que continúa, por el convencimiento que mantiene la Fiscalía sobre la existencia de los hechos denunciados por el Intendente Montoto.

El objetivo de la investigación es llegar a juicio y que la cuestión se resuelva en un plenario, donde se debatan todas las pruebas aportadas por las partes.

Como lo expresáramos en la nota publicada el 19 de septiembre en Portal de Opinión, la decisión del Dr. Prémoli de desestimar las notificaciones por un formulismo, podría llegar a desvirtuar el trabajo que realizan los organismos de control que deben verificar todas las acciones oficiales o privadas que puedan llegar a provocar hechos graves de contaminación.

En definitiva, la Fiscalía de Cosquín, seguramente continuará trabajando en base a las opiniones de la Cámara, manteniendo la acusación al no ser desestimada la participación y responsabilidad en el delito que se les imputa.

Publicado en Deportes

La Fiscalía de Cosquín elevo a juicio la denuncia presentada por el intendente de Huerta Grande Matías Montoto contra directivos de ARCOOP.

En el mes de septiembre del año pasado, Matías Montoto presento una denuncia para que la Fiscalía de Cosquín, a cargo del Dr, Martín Bertone contra empleados de ARCOOP, a consecuencia de los reiterados volcamientos cloacales que contaminaron el arroyo Huerta Grande.

Este cauce de agua aporta al dique La Falda.

Una vez iniciado el trámite judicial, la defensa de Jorge Pafundo y Fernando Monserrat Eguigurem utilizaron las herramientas legales para tratar de desestimar la continuidad de la causa. En primer lugar acudieron al Juzgado de Control, quien avalo lo actuado por la fiscalía, luego presentaron un recurso ante la Cámara de Acusación, que también ratifico lo actuado por el Dr. Bertone.

En la jornada de hoy, la Fiscalía notifico a las partes sobre la elevación a juicio de la causa establecida como “contaminación y daño ambiental por volcamiento de líquidos cloacales” en el arroyo Huerta Grande.

Montoto: "Nadie me acompaño en esta denuncia"

En diálogo con Radio Única Punilla, Matías Montoto se mostro conforme con los pasos judiciales que llevó adelante la Fiscalía, pero no dejo pasar la oportunidad para recordar que esta situación de contaminación se venía realizando desde hace mucho tiempo atrás y que autoridades ni grupos ambientalistas denunciaron la gravedad de la situación.

Recordó que en este proceso se encontró totalmente solo, “nadie de estos grupos que dicen defender el ambiente acompaño la iniciativa judicial” dijo, al mismo tiempo sostuvo que “se utiliza al ambiente como una cuestión política, para poner palos en la rueda”.

Escucha el audio del Intendente Montoto: https://www.ivoox.com/26939675

Orosz sobre los volcamientos en el arroyo Huerta Grande: "Que se analice la responsabilidad de los funcionarios estatales, que son los verdaderos productores de estos desastres"

La Cooperativa Integral brindó esta mañana una conferencia de prensa donde planteó que objetará en el plano formal y de fondo las imputaciones realizadas por el Fiscal de Instrucción de Cosquín, Martín Bertone, respecto al servicio de cloacas en Huerta Grande.

Del encuentro con los medios de prensa participaron los abogados Claudio Orosz y Julio Cesar Martínez, quien además es apoderado de Cuencas Serranas.
Cabe recordar que Bertone imputó a Jorge Pafundo y Fernanda Eguiguren por los delitos de 'Daño Calificado a un bien de uso público, Contaminación Ambiental Dolosa continuada, en concurso ideal', y 'Desobediencia a la Autoridad Reiterada en calidad de coautores', por los hechos que se investigan en relación a la contaminación del arroyo Huerta Grande por volcamientos de fluidos crudos.
Pafundo es el coordinador operativo de la Cuencas Serranas S.A. de la que forma parte la Coopi, y Eguiguren se desempeña como coordinadora General del área Comercial y Financiera.
Los abogados detallaron que en plano formal ya objetaron las imputaciones ante el Juzgado de Control de la ciudad de Cosquín puesto que se tomó declaración indagatoria a los imputados sin que se cumpla con la garantía constitucional de contar con un abogado que los represente.
"Se incurrieron en aberraciones procesales como tomar indagatoria sin abogado defensor. Eso no puede suceder. Hemos pedido la nulidad de ese procedimiento y lo vamos a discutir hasta las últimas instancias", adelantó Orosz.
En cuanto a la imputación por "desobediencia a la autoridad", el letrado refutó la acusación diciendo que tienen que ser oficio judicial dirigido con nombre y apellido a personas físicas, no jurídicas. "Es una falla concreta y básica de la imputación", indicó.
En la misma línea rechazó la acusación de "contaminación ambiental dolosa", puesto que para encuadrarse bajo esa figura debe demostrarse intención y voluntad de contaminar. "Cuando uno hace lo posible para que eso no suceda, de ninguna manera se puede hablar de delito doloso", remarcó.
Teniendo en cuenta esos aspectos, Orosz enfatizó en que poseen "abundante prueba documental y testimonial" que da cuenta que la omisión y desobediencia que se les achaca a los imputados en realidad tiene que ver con el incumplimiento de las autoridades estatales (provincia y municipios donde Cuencas Serranas presta el servicios de cloacas), quienes no realizaron las inversiones de infraestructura necesarias para llevar adelante correctamente la prestación del servicio.
"Estas omisiones no son atribuibles a quienes no las pueden realizar por cuestiones de fuerza mayor, que tienen que ver con la ausencia del Estado. Que se analice la responsabilidad de los funcionarios estatales, que son los verdaderos productores de estos desastres", expresó.
A lo que Martínez completó diciendo que las cooperativas asumieron la prestación del servicio de cloacas en un "marco de emergencia", a fines de 2002. La infraestructura que comenzaron a operar (tanto la planta de tratamiento de La Falda como la de Valle Hermoso con sus respectivos conductos) tienen una antigüedad mayor a 50 años.
A esto se suma que en los 15 años de prestación que lleva adelante Cuencas Serranas, el Estado "nunca asumió un rol protagónico para mejorarle la calidad de vida a la gente".
"Las bombas colapsan por la antigüedad. No podemos prever en qué lugar se va a producir (el colapso) o cuando se producirá un corte de luz eléctrica que saque de sistema estas bombas, por más planes de emergencia previstos a los efectos de sostener la situación", dijo.
Sostuvo que "el Estado provincial y los estados municipales se desentienden de la logística y de los recursos".
"Es muy fácil venir a decir: 'se rompió una bomba o salió de funcionamiento porque hubo un corte de luz, y a partir de ahí, imputar y realizar una caza de brujas para nunca hacerse cargo ellos, como responsables principales de la prestación de un servicio", dijo Martínez.
Y aclaró, además, que "por contrato nosotros no tenemos obligación de modificar, renovar o sostener estructuralmente el mismo".
Orosz insistió que tienen abundante prueba documental y testimonial que da cuenta del abandono del Estado. Desde ese lugar, sostuvo que con la imputación realizada por el fiscal Bertone, significa que en alguna medida "el Poder Judicial está encubriendo la ausencia de otra parte del Estado, que desde hace 15 años tiene descuidado el servicio, particularmente las amortizaciones de lo que hoy nos reclama a las instituciones que prestan el servicio como pueden e incluso poniendo en peligro su propio patrimonio".
"Es enorme el caudal documental donde constantemente decimos que el material que está –particularmente las bombas- no está pudiendo ser amortizados porque el Estado no está respondiendo a todas y cada una de esas notas que han sido presentadas durante años.
"Por eso decimos que la agencia judicial, que forma parte del Estado, está cortando la cuerda por la parte más débil y olvidándose de quienes son los que deberían estar sentados en el banquillo de los acusados. Demostraremos la inocencia de nuestra gente que está imputada".

15 años atrás. A fines de 2002, el gobierno provincial otorgó la operación de las plantas de líquidos cloacales de La Falda y Valle Hermoso a ARCOOP, la Asociación Regional de Cooperativas y Servicios Públicos integrada por las 13 cooperativas, entre las cuales está la Coopi de Villa Carlos Paz.
La concesión del servicio de dio a las cooperativas luego de que la empresa francesa Suez y la española Aguas de Bilbao, se bajaran del proceso de licitación.
"Los servicios de saneamiento en esta zona pretendieron ser motivo de licitaciones para que fueran prestadas por empresas privadas venidas del extranjero, que con el 1 a 1 (la convertibilidad de un peso, un dólar) hacían muy bien negocio y le sacaban dinero a los vecinos", recordó Orosz y reiteró que cuando Argentina se vio subsumida en una profunda crisis económica, las empresas privadas decidieron retirarse de la licitación.
ARCOOP asumió la concesión en diciembre de 2002 y comenzó a operar las plantas en los primeros meses de 2003. La creación de una sociedad anónima para otorgar la concesión fue a sugerencia del gobierno provincial, en aquel entonces en manos de José Manuel de la Sota. Cuencas Serranas S.A. es la figura societaria comercial que representa la unión de estas instituciones integrantes de ARCOOP.
Orosz sostuvo que el ataque al trabajo que están llevando adelante las cooperativas tiene que ver con que en noviembre finaliza la concesión del servicio de cloacas y que, atento al contexto político y económico del país- una vez más habría intenciones de dejar el servicio en manos extrajeras. Para ello, resulta necesario crear un clima de deslegitimación de las cooperativas.
"Como no les salió el negocio con Aguas de Bilbao en 2001, ahora vienen a imputar a quienes se hicieron cargo de la emergencia. A quienes se hicieron cargo de darle el servicio a los vecinos como se puede y en las condiciones que este Estado ausente nos plantea", remarcó.

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