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La Cámara del Crimen de Cruz del Eje, había llamado a audiencia para el próximos lunes 7 de mayo, pero un recurso interpuesto por la defensa de la acusada, logro posponer el inicio del juicio.

María Rosanna Adaglio (UPC), mientras se desempeñaba como intendente de Cosquín, realizó una operación bancaría sin seguir las normas establecidas, situación que fuera denunciada por el entonces Concejal Gabriel Musso.

Cuento del Tío

El 22 de enero de 2015, mientras se desempeñaba como intendente de Cosquín, se presentó un serio inconveniente con la televisación del Festival de Folclore. Ese día, Adaglio recibe un llamado telefónico.

Su interlocutor se presentó como el Ministro de Economía del kirchnerismo, Axel Kicillof.

La voz, le dijo a la funcionaria, que la Presidente, estaba al tanto de la situación que se estaba atravesando, por ello pretendía ayudar, logrando la televisación por medio de un canal de televisión privado.

El hombre que se comunicaba, gentilmente indujo a Adaglio a depositar en una caja de ahorros del Banco Nación a nombre de una mujer, la suma de $ 40.000, que serían destinados a ayudar a una familia que estaba pasando por un mal momento.

En ese momento, Rosanna Adaglio, ordenó al Secretario de Hacienda proceder a realizar el depósito solicitado, evitando cumplir con la legislación vigente en cuanto a los procedimientos administrativos.

Una vez que tomaron conciencia sobre lo fraudulento de la maniobra, Adaglio, restituyo el dinero a las arcas municipales. Situación que morigeró en principio su situación legal, pero no evito la imputación por “abuso de autoridad”.

Las actuaciones judiciales, llevadas adelante en la Fiscalía de Cosquín, a cargo del Dr. Martín Bertone, llevó a la ex intendenta a juicio oral, por Jurado Popular, a realizarse en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, una vez que se resuelva sobre el recurso interpuesto por la defensa.

Publicado en Deportes

En pocos días más, se llevará a cabo la lectura de los alegatos de la parte acusadora y de la defensa de los 56 policías involucrados en el acuartelamiento de los días 3 y 4 de diciembre de 2013.

Para el Dr. Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, el juicio que se lleva adelante contra los efectivos de la Policía de Córdoba que se acuartelaron en diciembre de 2013, cuenta en el banquillo de los acusados a 56 perejiles, puestos a dedos por el ex jefe de la Policía de Córdoba Julio César Suarez.

Con relación a la causa sustanciada en Tribunales de la ciudad de Córdoba, Ortiz Pellegrini, sostiene que la causa se tiene que estudiar en tres planos distintos. Por un lado el reclamo de aumento salarial de los agentes policiales, por otro lado el relacionado con los saqueos, que evidentemente fueron organizados y la situación política que el gobierno nacional utilizó para generar caos e intervenir la provincia.

Que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intento, de una manera violenta, intervenir la provincia estaría demostrado por los testimonios brindados, entre otros, por el ex ministro Oscar González.

Ante el abandono del gobierno central, la falta de respuesta ante el pedido de envió de tropas de Gendarmería Nacional y la participación de gente de La Campora articularon los saqueos, el abogado defensor se pregunta, por qué no se investigo a quienes organizaron los saqueos? Y

Por qué no se investigo a los funcionarios de la Nación que se negaron atender el pedido de Gendarmería para imponer el orden?.

Para el reconocido letrado, hoy están sentados en el banquillo de los acusados 56 perejiles, agentes, cabos y sargentos que están siendo utilizados como chivos expiatorios.

Estos hombres y mujeres, al parecer del abogado, fueron elegidos algunos al azar y otros porque no le caían bien. “Fueron elegidos por el malandra que fuera el jefe de la policía Sr.(Julio César) Suarez” sostuvo Ortiz Pellegrini.

El ex Ministro Oscar González, en el marco del juicio que se está llevando a cabo, dijo “que participo toda la policía”, entonces la pregunta que se formula el Defensor, es porque “se eligió a 56 perejiles, y no a los que no incentivaron esto y básicamente algunos que manipularon este proceso como el señor Suarez, después Jefe de Policía, los acusados tuvieron un papel totalmente secundario a estos hechos”. Cabe mencionar que en el listado de efectivos policiales no figuran oficiales jefes ni superiores. Para el Fiscal, “estos eran los cabecillas de la sublevación policial”

El Dr. Ortiz Pellegrini, pone en duda esta versión, sostenida por la Fiscalía, en virtud de que los acusados, en su gran mayoría, poseen jerarquías que abarcan desde agentes hasta sargentos, que al momento del acuartelamiento prestaban servicios en localidades distantes, por lo tanto sería poco probable que pudieran coordinar una acción como la que se está juzgando. Para el letrado, “el responsable es Julio Suarez que hoy lo mira desde la tribuna”.

Alegatos

El 7 de mayo, dará comienzo a la lectura de los alegatos en la etapa final del juicio. En primer tiempo lo realizará el Ministerio Público Fiscal, para luego dar paso a los abogados de la defensa.

De acuerdo al trabajo realizado por el Dr. Miguel Ortiz Pellegrini, los acusados deben ser absueltos de los cargos.

Al mismo tiempo, el letrado, espera que el Jurado Popular no se sienta presionado por el Fiscal, que argumento en las audiencias de debate “que deben encontrar un culpable” de los hechos acontecidos en aquellos días de diciembre de 2013.

Accionar de la Justicia Federal

En una decisión que sorprendió a la opinión pública, fue la tomada el Fiscal Mariano Antuña, quien promoverá que la Justicia Federal investigue el accionar de los funcionarios públicos nacionales, a partir de las declaraciones coincidentes sobre la decisión de no atender los teléfonos en la Casa Rosada, en ese momento, administrada por el kirchnerismo.

Esta decisión, sin lugar a dudas, está motiva en la férrea postura de la defensa de los acusados y avalada por las declaraciones del ex ministro Oscar González.

También, para la Defensa, era relevante la declaración del ex gobernador José Manuel De la Sota, porque podría ratificar al Dr. González, por la intervención de La Campora para organizar los saqueos.

Recordar aquellos momentos, trae a la mente dos realidades que parecen repetirse en el tiempo. Por un lado, la lucha por el salario digno y la falta de interlocutores validos para que el estado provincial pueda acordar con las fuerzas de seguridad.

Y como dato no menor, los daños causados a la ciudadanía, por una masa de gente que contaba con una organización extrema, que se extendió en el tiempo, hasta nuestros días, donde el patrimonio público y privado queda totalmente expuesto a grupos dispuestos a delinquir y alterar el orden social.

Publicado en Provinciales