Elementos filtrados por fecha: Domingo, 15 Diciembre 2019
  • El móvil del asesinato se establecio en una cuestión de dinero.
  • Uno de los imputados, cuando era menor menor de edad, habria participado en otro hecho de similares caracteristicas.

 

El Ministerio Público Fiscal, a través de Fiscalía de Instrucción de Cosquín a cargo de Paula Kelm solicitó la elevación a juicio de la causa iniciada con motivo del homicidio del matrimonio Reist- Gómez, ocurrido el 6 de agosto de 2019 en la localidad de Bialet Masse.

La Fiscalía dispuso acusar a Gustavo Carraro alias “burrín” , Claudio Oliva alias “pachu” y Franco Demián López alias “carballo”, como supuestos coautores responsable de los delitos de violación de domicilio, robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio reiterado criminis causae, todo en concurso real.

Se logro establecer, que el móvil habría sido económico, ya que durante esos días previos, el matrimonio se encontraba en tratativas por la compra de un inmueble, y eran conocidos de los imputados, lo que desencadenó el trágico resultado. 

Asimismo, de la prueba agregada a la causa se pudo establecer, que un allegado al matrimonio, tenía bajo su custodia, parte del dinero de los fallecidos, por lo que se dispuso acusarlo (de apellido Arrieta), como supuesto autor responsable de los delitos de defraudación por retención indebida y falso testimonio, en concurso real

  • Portal de Opinion accedio a los fundamentos de la sentencia que condenó a Flavia Saganias, Emiliano Saganias y Monica Bonifacio a 23 años de prisión.

Las últimas semanas, en cuestiones judiciales, los medios periodísticos dieron cuenta en sus publicaciones de las alternativas que se vivieron en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje, atentos a un juicio que movilizó a la sociedad, despertando distintas acciones, algunas llegando al límite de la agresión.

 

El caso Flavia Saganias, intentó presentarse como un absurdo de la justicia, que en un fallo de “machista y patriarcal”, había condenado a una mamá de cinco hijos a una pena de prisión excesiva, a consecuencia de la falta de acción por parte de una fiscalía para investigar un supuesto abuso sexual de una menor.
 

De acuerdo a los reclamos manifestados en las redes sociales y en las puertas mismas de Tribunales de Cruz del Eje, algunos colectivos de mujeres, ejercieron un contundente reclamo de liberación de Flavia y la detención de un “violador”.
 

La justicia actuó, tanto en la Fiscalía de Cosquín como en la sala de audiencias de la Cámara que llevó adelante el juicio contra Mónica Graciela Bonifacio (60) y su hija Flavia Silvana Saganias (41), con la defensa del abogado Carlos María González Quintana y de otro de los hijos, Enrique Emiliano Saganias (39), que contó con la asistencia del letrado Nicolás Arnaldo Díaz.
 

Intento de confundir.
 

Este proceso nace a partir de una acción por parte de Flavia Saganias, de involucrar a su expareja Gabriel Fernández en el presunto abuso de una de sus hijas de siete años. Esta denuncia se radicó en la Fiscalía de Cosquín el 8 de agosto de 2017.
 

De acuerdo a lo establecido en el expediente judicial, en un mensaje telefónico a una persona conocida, Flavia le dice: “Estoy bien, denuncie ayer a Gabriel. Fui a Cosquín y a Córdoba porque abusaba de (la niña). Yo me di cuenta de esto hace como un mes, armé todo para que el hijo de mil puta quede preso ayer… y (la niña) habló, lloraba y lo negaba”, para continuar relatando: “Ayer mismo a la tarde tenía que estar preso… y esta nena arruinó todo, si yo lo mato pierdo a mis cinco hijos”.
 

A pesar de esta información que estaba en poder de la denunciante, y la actuación que estaba llevando adelante la fiscalía, la mujer tomó la decisión de escrachar a Fernández en las redes sociales, acusándolo de “pedófilo”.
 

El 13 de agosto de 2017, Mónica Bonifacio y su hijo, junto a una tercera persona, se hicieron presentes en la casa de Fernández, ubicada en Pampa al 900 de Villa Cielo de Capilla del Monte.
 

Una vez arribados al lugar, alrededor de las 7:30, Emiliano golpeó la puerta de la casa, y al momento de abrir, la víctima comenzó a ser salvajemente golpeado por el agresor, acompañado por otro hombre que hasta el momento no pudo ser identificado.
 

La paliza se trasladó al patio de la casa, donde ataron al hombre a un árbol y donde también se comprobó, participó de la agresión Mónica Bonifacio. La mujer, demostrando un alto grado de agresividad, le decía a su hijo “tenémelo, tenémelo lo voy a apuñalar, te voy a matar hijo de puta”, al momento que le clavaba una cuchillada en el tórax. La resistencia puesta de manifiesto por el agredido, evitó que esa herida le quitara la vida en forma instantánea.
 

No conforme con esta agresión, la mujer mientras la víctima continuaba inmovilizada colgado de un pie, le pidió a su hijo que le quite la ropa, quedando desnudo desde la cintura para abajo y tomando un hierro de la construcción de 10 mm, le provocó una herida en la zona perianal, “Hijo de puta, te voy a hacer lo que le hiciste a mi nieta” confirmó sus dichos Mónica en declaraciones judiciales.
 

Mientras estas torturas se llevaron a cabo en el patio, con un hombre inmovilizado, una puñalada en el tórax, una fractura en el antebrazo izquierdo por un palazo, además de innumerables cortes y contusiones que lo llevaron a estar próximo a desvanecerse, el otro sujeto provocó tres focos de incendio en el interior de la vivienda, para después rociar con una bebida alcohólica al agredido para prenderlo fuego.
 

Para acallar los gritos de pedido de auxilio de la víctima, Emiliano Saganias, le tapaba la boca con piedras y tierra.
 

La ferocidad del ataque, se documentó con una fotografía que tomó Bonifacio, con Fernández en el piso, ensangrentado y con un arma que apuntaba a su cabeza.
 

En ese momento se produjo una explosión en la vivienda, donde estaba guardada una motocicleta, con la presencia de muchas llamas y humo, situación que alertó a un vecino, ubicado en una loma a unos 50 metros de la casa siniestrada. Los gritos de auxilio de esta persona o la presunción de la muerte de Fernández, hizo que los agresores abandonaran la escena del crimen.
 

Por este violento hecho, que casi le cuesta la vida a un hombre, es que fueron juzgados los imputados. Es decir, para la justicia, está completamente documentado que Flavia Saganias fue parte de una acción determinada a quitarle la vida a un hombre, que no estuvo bajo investigación por la denuncia de abuso e incluso, le investigación que llevó adelante la fiscalía, se archivó recién a los 60 días de la denuncia, luego de agotar todas las instancias que establecen los protocolos para estos casos.

 

Un grupo familiar preparado para agredir
 

Como lo reconoció Flavia en un mensaje enviado a una conocida, la menor ya había negado el hecho y aún si tener un resultado definitivo de la investigación judicial, decidió utilizar Facebook y mensajes a amigos y conocidos acusando a Fernández de “violador y pedófilo”.
 

Fue entonces, cuando el domingo en que se llevaban adelante en el país elecciones, la madre, un hijo y un tercero, decidieron viajar a Capilla del Monte con la “idea de llevar a la niña a Isidro Casanova, en la provincia de Buenos Aires.
 

Esto no sucedió, apenas llegaron al norte de Punilla, se dirigieron a la casa de Fernández a cometer el ataque.
 

Tanto las declaraciones como la defensa de Flavia, intentaron establecer que no existió instigación por parte de la acusada, que hasta el momento del juicio permanecía en libertad.
 

La Fiscal de Cámara, Haydeé Gersicich, estableció con la prueba colectada, que existieron comunicaciones previas entre los acusados. Las pericias tecnológicas documentaron los movimientos de los teléfonos celulares y los archivos compartidos, como así también los móviles que habrían motivado la agresión.
 

Entre los móviles se menciona una suma de dinero que Flavia habría gastado en el parto de sus hijos gemelos y por otro lado también se menciona los materiales de construcción de una vivienda, en la cual tendrían participación Fernández y Saganias cuando eran pareja.
 

El sentido común, indica que, si la familia viajó desde Buenos Aires toda la noche, si no encontraron a Flavia cuando llegaron a Capilla del Monte, como no esperaron a contactarse antes de ir a la casa de la víctima.

Por otro lado, si Flavia no tenía relación con la agresión, ¿porque era importante que le envíen la foto de Fernández casi muerto?
 

Hubo un hecho que en las primeras horas de la investigación no fue tenido en cuenta, hasta el momento de poder hablar con la víctima.
 

Argos es un perro que aún tiene Fernández en su casa, es un mestizo negro que tiene por costumbre seguir a la gente conocida hasta la casa y después regresa. Ese domingo el perro apareció atado en la casa de Flavia. Ella, afirmó que el animal había seguido a un patrullero, cuestión que quedó descartada y la colocaba a ella en relación a los sucesos violentos.
 

Alegatos.
 

La Fiscal Gersicich, comenzó su alegato diferenciando los casos, la denuncia por el presunto abuso estaba archivada en Cosquín y ahora se estaba juzgando la agresión sufrida por Gabriel Fernández.
 

La fiscalía dio por cierto los hechos donde intervinieron tres personas, Flavia en calidad de instigadora y como coautores su hermano y la madre de ambos. Emiliano se responsabilizó de la agresión junto a su madre con la intención de hacer desaparecer a la tercera persona (aún no identificada) de los hechos.

También la fiscalía llevó a la sala de audiencia otra situación, tiempo antes al ataque, donde Flavia por cuestiones de aparentes celos, habría rociado con nafta a Fernández, aunque esto no fue denunciado.

En sus palabras la fiscal, también agravó la imputación por abuso sexual con acceso agravado, dada la clara intención de atentar o menoscabar la integridad sexual del damnificado. En cuanto al cargo de tentativa de homicidio, lo agravó por el de triplemente calificado, dado que, por una cuestión de tiempo, fue rápida la asistencia, el hombre no perdió la vida. Además, se les imputó el cargo de privación ilegitima de la libertad.

Los agravantes quedaron establecidos por parte de la fiscalía, teniendo en cuenta la edad madura de los acusados, estudios terciarios y secundarios, la gravedad y violencia inusitada desplegada, la premeditación y astucia del grupo familiar, creando y utilizando identidades falsas para su comunicación con el fin de eludir a la justicia y atentar contra la vida de quien es padre de dos personas menores pertenecientes a su familia.
 

Por su parte el abogado querellante, Nicolás Cerrito, acompañó los alegatos de la fiscal, y pidió la orden de detención de Flavia Saganias, argumentando en primer lugar la pena alta y en segundo lugar el peligro de fuga, ya que el padre de la menor vive en el exterior y la existencia de una tercera persona prófuga y que su hermano, coautor, en principio evadió a la justicia.
 

Para el abogado defensor González Quintana, “la fiscal tergiversó la prueba, valorando la prueba de manera fantasiosa y mendaz”, señaló además “la inexistencia de dolo por parte de la supuesta instigadora”. “En la audiencia se quiso desviar el móvil a una causa económica. Flavia expresó su malestar en las redes porque la justicia le dio la espalda; el objetivo de sus publicaciones era una actividad de descarga y bronca, hacia la justicia, que no le dio trámite”, sostuvo González Quintana.
 

Condenados a 23 años de prisión
 

El escrache en Facebook, el uso intencional de una investigación por una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor, de la cual ya se tenía conocimiento de que no había fundamentos, de acuerdo a las pericias y que aún estaba en proceso y los intereses particulares, fueron el motor para instigar a romper el contrato social, que nos regula como sociedad.
 

Pero la cuestión no pasa solamente por la situación judicial y sus consecuencias. La demostración de violencia por parte de quienes de alguna manera sostienen sus posturas porque las resoluciones no se ajustan a sus criterios, también son generadoras de situaciones violentas, donde no se miden las consecuencias y en ese aparente reclamo, se atentan contra los derechos de los demás, trabajadores de la justicia y de prensa, abogados y víctimas.
 

La condena a 23 años de prisión que recayó sobre Mónica Bonifacio y Enrique Saganias como coautores y la misma condena además de la inmediata detención de Flavia Saganias como instigadora, resultó por el análisis exhaustivo de las pruebas, las declaraciones de todos los testigos y los daños extremos ocasionados a la víctima.
 

La condena se aplicó por las siguientes imputaciones: “homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o mas personas en grado de tentativa en concurso ideal, con abuso sexual con acceso agravado en grado de tentativa e incendio en concurso real”.
 

Es importante mencionar que esta condena fue aplicada por unanimidad por los jueces Angel Andreu, Dora Antinori Asis y Ricardo Py, con la participación del voto unánime de cuatro hombres y cuatro mujeres integrantes del jurado popular.

 

 

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