Elementos filtrados por fecha: Martes, 23 Julio 2019
  • La Ley de Seguridad Púbica y Ciudadana otorga atribuciones a los intendentes para involucrarse en la lucha contra la inseguridad.
  • En muchos casos el consumo de drogas está asociado a la delincuencia.
  • Los intendentes son un factor importantísimo en la prevención del delito.

 

Los hechos delictivos van ganando espacio en la crónica diaria del Valle de Punilla, afectando en mayor o menor medida a todas las localidades.

 Las redes sociales, como vía de expresión del descontento popular, van reflejando los sucesos que al momento parece no tener fin. Esto también lleva implícito otra cuestión, las acusaciones y el escrache que por lo general no son el reflejo de la realidad, los señalados muchas veces son menores de edad o simplemente quedan expuestos al mostrar sus fotos o la sospecha del denunciante sin prueba alguna o denuncia policial formulada.

La sociedad en su conjunto comenzó a pedir respuestas a las autoridades, para al menos, intentar frenar a los delincuentes o disipar la “sensación de inseguridad”.
 

Esa respuesta por lo general se traduce en reuniones con autoridades policiales, municipales y vecinos, cuya finalidad principal pasa por escuchar el reclamo, hablar de medidas preventivas, asumir algunas responsabilidades y hacer catarsis.

Quienes hemos compartido este tipo de reuniones desde hace mucho tiempo, conocemos los resultados, capas de pintura sobre una superficie oxidada que al poco tiempo vuelve a mostrarse tal cual es.
 

El que las hace, ¿las paga?
 

Uno de los principales reclamos al que estamos acostumbrados escuchar por parte de vecinos y autoridades municipales pasa por el accionar policial y judicial.
 

En este contexto se puede remarcar que por Ley 10437, la provincia de Córdoba estableció dos sistemas de seguridad, pública y ciudadana.
 

La seguridad pública está a cargo exclusivamente del gobierno provincial al establecer las normativas a las que deben ajustarse las fuerzas policiales, que incluyen a caminera y FPA.
 

Es indudable que no podemos tener un efectivo policial en cada cuadra, pero el sistema empleado en la actualidad, ¿es el adecuado al crecimiento poblacional de las localidades punillenses? Seguro que no.
 

Para lograr alcanzar un mayor éxito, en primer lugar, la fuerza requiere de una mejor distribución del personal, móviles y principalmente mejorar la capacitación en las áreas específicas como la investigación. Además, es primordial dotar a la institución con los mejores recursos tecnológicos posibles.
 

El rol de la justicia.
 

La policía es el brazo de la justicia, pero a veces la justicia tiene un cuerpo que se encuentra con serias dificultades para alcanzar el objetivo principal, establecer responsabilidades ante la presencia de un hecho que merezca ser debatido en las salas de audiencias.
 

La última estadística a la cual pudimos acceder, data del año 2017, sobre las actuaciones llevadas adelante en la Fiscalía de Cosquín, nos hablan de números alarmantes de casos, atendidos tan solo por dos secretarías y un fiscal.
 

En 2017, el total de hechos registrados en la provincia llegaron a 178390. El departamento Punilla, sumo 14856 de los cuales 9465 pertenecen al distrito Cosquín.
 

Cuando analizamos estos números nos encontramos con un crecimiento importante año tras año, acompañando el desarrollo poblacional.
 

Lo llamativo está dado en las causas que se transformaron en sumarios definitivos, solamente el 11,64% es decir 1102.
 

De acuerdo a la estadística elaborada a partir de datos oficiales del Ministerio Público Fiscal, los sumarios por sedes de la jurisdicción Cosquín se dividen de la siguiente manera:
 

Continuando con el análisis estadístico del total de sumarios ingresados en Cosquín, el 8,31% correspondió a causas complejas, 5,88% a causas con presos, 22% con prioridad de juzgamiento, por delitos contra la integridad sexual el 8%, causas comunes 24% y el mayor porcentaje abarca delitos por violencia familiar, el 38%.

En el año 2017, en definitiva, se realizaron 140 citaciones a juicio.

 

Cosquín, cuenta con un fiscalía y dos secretarías para una población que supera los 105.000 habitantes. Es fundamental conocer el dato mencionado, en virtud de la desigualdad que se presentan en las jurisdicciones, cuando por ejemplo tomamos en cuenta que Cosquín es un departamento lineal, que el área cubre desde Bialet Masse hasta Capilla del Monte.
 

Compilando más datos nos encontramos que la jurisdicción Villa Carlos Paz, con un número menor de habitantes, cuenta con tres fiscalías múltiples y dos secretarías cada una.
 

        

Cosquín con una fiscalía y dos secretarías, resolvió el 21,12% de los casos del año 2017, en tanto que Villa Carlos Paz, con tres fiscalías y seis secretarías llegó al 50,99%.

 

Pero aquí no termina el largo proceso de obtener resultados en la justicia.
 

Las causas elevadas a juicio por la Fiscalía de Cosquín, son tramitadas en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje.
 

En esta sede se tramitan también las causas elevadas desde la Fiscalía local y la Fiscalía Móvil Antinarcotráfico.
 

No le alcanzan los días para atender todos los juicios.
 

La Cámara está compuesta por un tribunal de tres jueces con presidencia rotativa. Pero desde hace tiempo tiene solo dos integrantes y se está esperando la designación por concurso del vocal faltante.
 

Haciendo un simple cálculo, tomando en cuenta que muchos de los juicios se llevan adelante con jurado popular, es matemáticamente imposible que se concreten la totalidad de los requerimientos procesales. Con un promedio de doscientos días hábiles al mes, la Cámara tiene que dar prioridad a aquellos casos que se presentan como ser, delitos graves y calificados, homicidios, femicidios y violencia de género.
 

Los casos que implican la presencia de Jurado Popular, de alguna manera hacen más lentos y más costosos los procesos, sobre esto opinó el doctor Arístides Py, vocal de Cámara “hay una tendencia general a constituir este tipo de juicio, porque supone que da más garantía de justicia, la intervención del jurado popular legitima periodísticamente la sentencia y le permite a un grupo reducido de persona ver las dificultades que tiene la justicia para resolver, una cosa es lo que la gente puede leer en un diario y otra es lo que figura en el expediente, que muchas veces son totalmente distintas”.
 

Continuó “Se pueden explicar sentencias que parecieran inconcebibles se dice, como puede ser que los jueces hayan resuelto esto cuando debería ser esto otro, pero no, porque eso otro es lo que decía la prensa, no lo que está en el expediente, Hay sentencias que se dictan que parecen inconcebibles”.
 

La Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje, cuenta con una trayectoria importante en cuanto a condenas y muy bajo cuestionamiento por sus resoluciones. En recursos de casación, el Tribunal Superior de Justicia solamente observó menos del 3% de las resoluciones y generalmente por cuestiones de diferencia de criterio.
 

Al momento de hablar sobre las causas que llegan a juicio, el Dr. Py sostiene que “se elevan menos causas por robo, no porque no existan los robos, se elevan más causas por comercialización de drogas y por abuso sexual, porque han ido cambiando los reclamos de la sociedad”. También aseguró que “La gente denuncia más abusos sexuales, se visibiliza más el problema, también se incrementó la denuncia por violencia familiar. Hay un compromiso del estado de investigar y llegar a juicio”.
 

Anualmente, ingresan a la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje, 300 causas elevadas a juicio, para ser resueltas en 200 días hábiles.

¿Cómo funciona el resto del estado en la prevención del delito?
 

Hasta aquí repasamos la situación policial y judicial, en particular del departamento Punilla, en las áreas de plena competencia del gobierno provincial.
 

Sabemos que estas áreas necesitan mejoras operativas, de personal, tecnológicas y de respuestas positivas cuando una persona es condenada y debe cumplir con la reclusión en un penal provincial.
 

Pero no podemos obviar algo que por lo general los principales responsables con magistral destreza ponen en el campo ajeno a sus intereses.
 

En Punilla el consumo de drogas lícitas e ilícitas está creciendo en importantes proporciones. Los invernaderos de marihuana, ahora se extienden desde La Cumbre hacia el norte. La venta de drogas se está transformando en una pequeña pyme familiar, que, a pesar del esfuerzo de la FPA, cada día aumenta la venta y por supuesto el consumo.
 

Desde la misma fiscalía, se sorprenden por el consumo de estupefacientes al mismo tiempo que verifican en los procedimientos la baja calidad del producto, incluso cortado con medicamentos no aptos para consumo humano.
 

En los últimos 18 meses la FPA llevo a cabo 524 investigaciones, 136 allanamientos con el cierre de 84 puntos de ventas de drogas, la imputación de 236 personas y más de 900 controles en la vía pública y espectáculos (fuente Fiscalía Móvil de Cosquín). Más de la mitad de estos procedimientos se efectuaron en Villa Carlos Paz.
 

Ahora deberíamos preguntarnos ¿cuál es la génesis de todas estas estadísticas? Es indudable que la droga tiene una íntima relación con el incremento de los delitos. La principal franja etaria de consumidores se encuentra entre los 16 a 25 años, sin distinción de clases sociales, ni localidades.

¿Por qué hacemos referencia a estos números de la FPA?
 

Sencillamente, porque si los profesionales que estudian estas relaciones consumo-elaboración, tráfico, lo ligan con la delincuencia, es indudable que hay una pata de la estructura del estado que está fallando en sus labores.
 

Nos remitimos al principio de la nota, la gente protesta y con justa razón, pero quienes deben asumir el primer escalón de la lucha contra la delincuencia miran para otro lado.
 

Los intendentes y jefes comunales son el primer eslabón en la cadena que conforma el estado, sin embargo, parece que la mayoría se dedica solamente a lo visual, a pintar un cordón, tapar un bache, inaugurar una fuente o solamente brindar barrido y limpieza.
 

La Ley 10437 otorga a los municipios una participación activa desde el estado municipal para trabajar en políticas de seguridad ciudadana, con la creación de los Consejos de Seguridad.
 

En la ley, se puede leer Artículo 13, “los consejos deben constituirse a los fines de atender las específicas problemáticas locales regionales en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito”. También establece la obligación de promover y armonizar las relaciones de la sociedad con la policía y un punto fundamental es el de “tener un diagnóstico preciso, permanente y evaluable sobre la problemática de la inseguridad en base a la identificación de las prioridades que fijen los representantes barriales…”.
 

Es decir, los intendentes tienen herramientas otorgadas por la legislación para involucrarse en la seguridad de la localidad.
 

Además, los municipios cuentan con áreas específicas para comenzar a trabajar en el mapeo de la problemática social que afecta a las comunidades.
 

Si el principal y primigenio mandato es el de velar por el bienestar de la comunidad y administrar sus recursos, el incumplimiento del primero de los deberes es moneda corriente. Por lo general vamos a escuchar de parte de las autoridades “el problema de la seguridad es del estado provincial”. Esto no es así.
 

Como el primer representante del estado ante el ciudadano, los políticos deben dar respuesta inmediata a la cuestión, porque tal como lo marca la ley y el sentido común, son los primeros que tienen que brindar respuestas valederas.
 

Los intendentes, no tienen solamente la responsabilidad de iluminar y poner los nombres a las calles o proveer insumos para el trabajo en las dependencias policiales, entre sus atribuciones tienen tal vez la más importante que consiste en afrontar los cambios sociales a partir de las nuevas situaciones que se comienzan a vivir a partir de la regionalización de los problemas que afectan a la comunidad.
 

Los municipios cuentan con áreas de “desarrollo social”, “deportes” y “cultura”. El interrogante esta dado en si estas áreas específicas ¿trabajan junto a otras reparticiones, por ejemplo, provinciales para tener una clara realidad de la situación que viven nuestros jóvenes? Los jóvenes necesitan más contención y apoyo que en otros momentos. La evolución social nos lleva a tener que innovar en la forma en que los profesionales deben acercarse para conocer las necesidades puntuales de su comunidad. Es un trabajo que sin lugar a dudas pasa por un proyecto microsociológico que debe ponerse en marcha con dedicación y empeño. Cada localidad tiene una estructura social y una realidad económica particular.
 

La ayuda social, como la conocemos, aquella que consiste solamente en administrar planes de asistencia, entregar recursos, potenciados en momentos electorales, está totalmente desubicada en los tiempos actuales. La ayuda debe transformarse en desarrollo social y adecuarse a la necesidad de jóvenes que crecieron en una sociedad donde los principales valores se fueron diluyendo en el tiempo.
 

El ingreso a las adicciones, la violencia, la falta de motivación para el trabajo y el estudio son cuestiones que no pueden quedar librados a la indiferencia estatal.
 

La mejor inversión municipal debe contemplarse en el tan mentado desarrollo social, totalmente inclusivo y con un proyecto a largo plazo.
 

Esta tarea debe emprenderse sin demora, si pretendemos que los índices delictivos comiencen a descender con el correr de los años. De otra manera deberemos acostumbrarnos al dicho “la inseguridad llego para quedarse”.

Publicado en Regionales