Miércoles, 19 Septiembre 2018 23:27

Contaminación del arroyo Huerta Grande, Juez de Control rechazó elevación a juicio. Destacado

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Fotografía tomada en el momento del volcamiento de líquidos cloacales en el arroyo Huerta Grande. Fotografía tomada en el momento del volcamiento de líquidos cloacales en el arroyo Huerta Grande. A quien corresponda

El fallo firmado por el Dr. Gabriel Premoli, Juez de Control de Cosquín, además de contradictorio, abre las puertas para que los organismos de control pierdan fuerza en sus actuaciones.

La denuncia por contaminación con efluentes cloacales en un arroyo, fue presentada por el Intendente de Huerta Grande Matías Montoto en los primeros días del mes de septiembre de 2017.

A partir de la presentación judicial, la Fiscalía de Cosquín a cargo del Dr. Martin Bertone, imputo por los probables delitos de “desobediencia a la autoridad, daño calificado a un bien de uso público y contaminación dolosa continuada en concurso ideal en calidad de coautores” a Fernanda Monserrat Eguiguren y Jorge Omar Pafundo, integrantes de Cuenca Serrana SA y la Cooperativa Arcoop.

La causa.

La investigación de la justicia determino que en varias ocasiones, comprobadas por la actuación de la Policía Ambiental y el ERSEP, la bomba ubicada en la planta lindante al arroyo Huerta Grande, dejo de funcionar y comenzó a verter los efluentes cloacales al curso de agua, que forma parte de la cuenca que desemboca en el Dique La Falda, continuando su recorrido hasta el lago San Roque.

La planta de bombeo cuenta con tres bombas, pero por Acta 238/17 del 5 de junio de 2017, el Sr. Pafundo, con su firma avala que una de las bombas tenía 65 días fuera de servicio, otra 30 días y la restante había quedado fuera de funcionamiento cinco días antes de la inspección.

Esta situación permitía que los líquidos, sin tratamiento, se derramen en el lecho del arroyo por medio de la boca de registro. En esa oportunidad, el encargado del sistema, Jorge Pafundo, aseguró que la bomba estaría en funcionamiento en las siguientes 48 horas.

Esto no sucedió así, el 12 de junio, en un descargo realizado por Pafundo, dijo que este volcamiento “fue producto de un hecho vandálico”. Sin embargo esta afirmación fue desmentida por el ERSEP, ya que por medio de un informe técnico, que lleva el número 256/17, asegura que de los antecedentes surge que el bombeo estuvo fuera de servicio por el término de cinco días corridos, a partir del 2 de junio.

También se pudo comprobar que los efluentes cloacales se volcaban directamente al arroyo, aplicándole durante las horas diurnas cloro, alegando que durante la noche no se cloraba por "actos de vandalismo".

Estas no fueron las únicas actuaciones de los organismos de control. Policía Ambiental actúo el 08 de junio de 2017, donde se constato el volcamiento de líquidos cloacales. Y el 12 de julio del mismo año, el mismo organismo intimo a Jorge Pafundo para que cesen en forma inmediata con la actividad contaminante.

Las acciones llevadas adelante por ERSEP y Policía Ambiental de la provincia de Córdoba, sumadas a otras pericias como ser análisis de los líquidos vertidos y las declaraciones indagatorias y los allanamientos de rigor, permitieron a la Fiscalía realizar el pedido de elevación a juicio de las imputados por los delitos arriba mencionados.

Imputados.

Las dos personas imputadas en el proceso de la fiscalía, cumplen funciones en Cueca Serrana SA., con cargos jerárquicos.

Jorge Omar Pafundo, de acuerdo a los contratos exhibidos en la fiscalía, se despeñaba como coordinador operativo, responsable de la operación y mantenimiento integral del servicio de conexiones domiciliarias, redes cloacales y estaciones de bombeo, planta de depuración de efluentes y la disposición final de los líquidos cloacales.

Fernanda Monserrat Eguiguren tenía a su cargo la coordinación general del área comercial y financiera y la obligación legal del mantenimiento y tratamiento de los líquidos cloacales.

Negativa para la elevación a juicio, un fallo polémico.

Establecidos los hechos, acreditados en la causa e identificados los responsables administrativos y operativos, que ante el incumplimiento de normas establecidas y de notificaciones fehacientes, generaron una grave situación de contaminación. Esto ocurre porque el desinterés en adecuarse a los requerimientos de los órganos de control, pasan de ser un acto meramente administrativo a un caso judicial, que requiere del debido proceso para ejercer el legitimo derecho a la defensa y establecer responsabilidades punitivas ante un daño provocado a un bien público.

En pocas palabras, el Dr. Gabriel Premoli no lo interpreto de esta manera.

Aparte de la polémica que puede generar la decisión del magistrado, también se puede estimar el potencial riesgo al minimizar la actuación de los organismos de control del estado.

En los fundamentos esgrimidos por Premoli, se cuestiona en primer término, la decisión de la Fiscalía en “no tomar en cuenta cierta documentación presentada por Fernanda Eguiguren y decidir el mismo día de la segunda indagatoria proceder a la elevación a juicio.

Por otro lado, muestra un doble mensaje en su dictamen, cuando pide a la Fiscalía profundizar la investigación, alcanzando a funcionarios y otros miembros de la empresa concesionaria. Y otra contraposición se detecta al decir que “no hay merito suficiente para sostener con grado de probabilidad la participación de los imputados en la comisión de los hechos que se investigan, ni para desvincularlos de los mismos”

Un punto que se transforma en preocupante, el Juez de Control, dice que las notificaciones e intimaciones del ERSEP y Policía Ambiental pierden validez al no estar dirigida en formal personal a los imputados. Las actas están encabezadas a nombre de Cuenca Serrana y Arcoop.

Que dice el Fiscal en su apelación.

En un pormenorizado escrito, el 14 de septiembre, la Fiscalía presento un recurso de apelación, con el objeto de lograr la reconsideración del juez, para que permita la elevación a juicio de una causa que se podría transformar en un punto de inflexión para aquellas personas y empresas que por distintos motivos contaminan los recursos naturales.

La fiscalía sostiene que la documentación aportada por Fernanda Monserrat Eguiguren, fue evaluada a posterior de la segunda indagatoria, que al parecer fue muy complicada por los insultos constantes que pronunciaba la indagada.

Esta documentación, hace referencia a la responsabilidad de la provincia por no considerar en el cuadro tarifario el cargo de amortización e inversión que establece el marco regulador.

¿Nos imaginamos al ERSEP o a Policía Ambiental intimando o clausurando un determinado lugar o sitio contaminante y que el infractor haga caso omiso, porque el acta está a nombre de una empresa y no de una persona responsable?

Esta es la situación que podría llegar a presentarse de prevalecer el criterio del Juez. Las actas emitidas, donde constan las faltas no podrían servir de prueba contra una persona responsable por no figurar en el encabezado. Independientemente si cumple con una responsabilidad laboral en la empresa o institución inspeccionada.

Para la fiscalía, tanto Policía Ambiental, por medio de la Ley 10115 y el ERSEP por la Ley 8835, son órganos integrantes del Poder Ejecutivo de la provincia y como tales ostentan legitimidad para impartir órdenes y desconocerlas implica quitarles la voluntad pública que la sociedad y el estado le han conferido, llevando así a consecuencias impensadas para el futuro ambiental, lo que ocurriría si a las autoridades instituidas se les quita la investidura.

 

Necesitamos mejorar el ambiente y la justicia es parte de la solución.

La sociedad en su conjunto necesita claros mensajes que indiquen un límite a la insolencia mostrada por algunos, que nos perjudica, no solo a quienes habitamos hoy nuestra región, sino a aquellos que lo harán en el futuro.

Como pocas veces se ha visto, un intendente acciono judicialmente contra una empresa que contaminaba un recurso hídrico.

En consecuencia actuaron los organismos de contralor y un fiscal se puso al hombro las acciones para determinar los responsables del daño ocasionado, con una empresa que es prestadora de un servicio público.

La reacción del Juez de Control, nos arrebata la posibilidad de reclamar por el daño causado, con argumentos cuestionados desde cualquier punto de vista, cuando hablamos de la responsabilidad de quienes conducen una empresa y por otro lado, desvalorizar el accionar de los mismos organismos del estado, que deben hacer cumplir con la ley.

No queremos perder la confianza en las instituciones, debemos revalorizarlas en todo su contexto, pero para lograrlo, se requiere que quienes imparten justicia acompañen los justos reclamos y garanticen el acceso a la defensa.

Será justicia?

Visto 106 veces Modificado por última vez en Jueves, 20 Septiembre 2018 09:55
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