Viernes, 11 Septiembre 2020 15:22

La grieta policial Destacado

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La grieta policial Gentileza

Por: Andrés Ávila Álvarez,

Ensayista y Analista Político.

Como en todos los órdenes de la vida, la Policía de la Provincia de Buenos Aires (punta de lanza de un reclamo que amenaza con replicarse) tiene su propia interna.

Su propia "grieta".

Muchos periodistas se preguntan cómo es posible que el Gobernador Axel Kiciloff, o un "superministro" tan visible como Sergio Berni (ambos del riñón de Cristina Fernández de Kirchner), no pudieran anticipar una situación que podía solucionarse con cintura y (nobleza obliga) con dinero.

Una fuente cercana a la policía bonaerense puede explicar mejor el conflicto: "Parte del mismo se detona cuando la ampliación presupuestaria prometida por la gobernación, se anuncia para incorporar más efectivos a la fuerza (manteniendo los mismos salarios para todos) sin atender a los reclamos previos de los agentes ya contratados".

A su vez, la reincorporación de efectivos desvinculados en la gestión anterior (gobernación Vidal) por causas de corrupción, sumó otro foco de conflicto: volver a hacer convivir a los policías corruptos (muchos de ellos millonarios) con los que seguían trabajando por el sueldo mínimo.

La estrategia de Berni de apoyarse en policías reincorporados para controlar a la fuerza, en ese sentido, le salió mal: la cadena de mando se vio resentida, y la protesta se "cocinó" sin que la jerarquía pudiera anticiparla o brindar una rápida respuesta para zanjar el conflicto. ¿Y porqué no les ocurrió esto a Vidal y Ritondo?

En honor a la verdad, la gestión de Cambiemos logró patear el problema estructural hacia adelante, pero desde la fuerza reconocen que Ritondo tuvo mucha más cintura para atender las inquietudes de los efectivos, que le transmitieran jefes, comisarios y sub-comisarios. Todo esto, además, en un contexto donde se concretaba una política de depuración institucional.

Hay factores que no tienen que ver específicamente con la plata.
 

Y en cuanto al problema estrictamente económico, vale preguntarse cuál será el criterio de un oficialismo que no tiene reparo en ampliar la masa monetaria (inflación mediante) para extender aún más la red de asistencialismo y seguir financiando el desproporcionado costo salarial de legisladores, funcionarios, asesores y administrativos "a discresión"... ... pero para aumentar el presupuesto de la Policía Bonaerense recurre a la coparticipación de CABA (y de los salarios de personal docente o de salud, ni habla).

Es un problema dentro de otro problema: hasta ellos saben (de las puertas para adentro) que no se puede emitir tanto. Da pena que no lo reconozcan.

Es muy difícil hablar de la policía en Argentina. Sobre todo cuando están tan cercanas en el tiempo las muertes de Magali Morales, Fernando Espinoza, Facundo Astudillo y otros tantos ciudadanos argentinos que han muerto a manos de las "fuerzas de seguridad" en el marco de la cuarentena preventiva y obligatoria, hasta llegar a la cifra de 92 personas asesinadas que denuncia, a la fecha, CORREPI.
 

Pero tampoco se puede hacer de la policía el único chivo expiatorio para una aberración institucional en la que son igualmente responsables los policías corruptos/asesinos, como la Justicia, como la Burocracia Estatal.

La Policía no es un "capricho burgués" o un "agente del Gran Capital": baste observar sino cómo los regímenes marxistas se apoyan en sus comisarías, fuerzas armadas, servicios de espionaje y policías locales. Las Fuerzas de Seguridad no son, tampoco, un invento argentino: en todas (todas) las democracias modernas se encuentran presentes la policía y las fuerzas armadas como garantes -se supone- de la integridad de la ciudadanía, y como brazo armado/ejecutor de las resoluciones del Poder Judicial. Responden, a su vez, a un Estado Nacional constituído de manera democrática y financiado con dinero público.
 

La discusión seria debería pasar por cómo se debe hacer para sanear este tridente de poderes gubernamentale (Estado - Poder Judicial - Fuerzas Públicas) para que su funcionamiento sea, como mínimo, similar al de un país normal. O al de un país donde a uno le gustaría vivir.
 

Solamente los convencidos militantes anarquistas, tienen autoridad moral (y honestidad intelectual) para abordar la problemática policial exigiendo la supresión de la institución misma.
Son los únicos -aquellos que reniegan de cualquier tipo de jerarquía institucional, de cualquier autoridad estatal, y han decidido abogar por la más total y absoluta de las libertades- que pueden asumir las implicaciones de un sistema hipotético donde cada individuo sea el único responsable de sus actos, de las consecuencias de los mismos, y de su propia seguridad personal.
 

Dicho esto, cualquiera que adopte la posición de que la policía, como fuerza, es intrínsecamente indeseable y malvada, debería plantearse hasta dónde estaría dispuesto a llegar en un hipotético escenario extremo. Ante un escenario como el acuartelamiento del año 2013 en la Provincia de Córdoba, donde la "liberación de facto" de la capital provocó un afluente devastador de delincuencia generalizada y saqueos, ¿cuál es la posición a asumir? Cuando hay familias atrincheradas, pequeños y medianos comerciantes arrasados... ... y otros comerciantes y vecinos que deciden organizarse cual milicia popular, con el arma que tengan a mano, para ejercer la legítima defensa (por la fuerza) del patrimonio que un tercero (por la fuerza) quiere sustraerle.

¿Ése es el deseable "estallido social" por el cual muchos abogan, pero cuyas implicaciones pocos comprenden? Hay una perspectiva peligrosa, al romantizar la delincuencia, que es la de que ésta solo afecta a "los bienes materiales". Por ende, preocuparse por la delincuencia es una especie de frivolidad burguesa.
 

Con la salvedad de la perspectiva anarquista, cualquier posicionamiento ante el conflicto policial que se limite a "correr por izquierda" o "reivindicar por derecha" -asi sin más- según cómo acomode al capricho ideológico, es profundamente irresponsable.

El uso de la violencia y la fuerza física (en éste y en cualquier país del mundo) va a seguir existiendo. Y por incómodo que resulte, forma parte de la naturaleza humana.
 

En la Argentina de hoy en día, en un contexto de crisis sanitaria, confinamiento estricto, descontento social, devaluación ininterrumpida con un claro riesgo hiperinflacionario, resulta obvio que están dadas todas las condiciones para que la paz social se vea resentida.
 

A esto le sumamos, encima, una serie de señales ambiguas que -por acción u omisión- se pueden interpretar como manifiestas simpatías al garantismo penal: liberaciones masivas de presos, privilegios ambulatorios para barrabravas, rotura de silobolsas, hostigamiento a personas que ejercen la legítima defensa y, más recientemente, negación o relativización del carácter delictivo en las tomas de terrenos (en muchos de estos ejemplos, con el agravante del posible aval estatal hacia los ilícitos).
 

Nada bueno puede esperarse del desacato de las fuerzas de seguridad en un contexto semejante, y no tiene demasiado sentido limitarse a la denostación de la policía en sí misma, si no se va a apuntar también al poder político y al Poder Judicial que avalan (y explican) el malfuncionamiento de la institución.

Hay que preguntarse porqué seguimos teniendo policías prepotentes, sin capacitación, violentos, muchos de ellos corruptos. Porqué tenemos un Poder Judicial que da señales contradictorias, protegiendo policías corruptos y aplicando el peor de los garantismos para los delincuentes comunes. Porqué el presupuesto público se va en clientelismo, privilegios, prebendas y burocracia, y no en los salarios y condiciones dignas para quienes brindan los servicios esenciales de una República Democrática (Seguridad- Salud - Educación). Porqué algunas policías actúan como agentes recaudadores, guardaespaldas o matones de pequeños caudillos regionales, en vez de trabajar para la ciudadanía. Porqué la ciudadanía vota, legitima o avala a dichos caudillos. Y porqué el mismo gobierno que delegó extraordinarias facultades represivas en una policía sobreexigida, mal paga y (en el caso de la Bonaerense) con agentes corruptos reincorporados, hoy los trata de "desestabilizadores y sediciosos", mientras se precipita a solucionar el desfalco financiero haciéndose con los fondos de otro distrito gubernamental.

Sí, se puede criticar a la policía. Sí, es desestabilizador. Sí, hay que solucionarlo. Pero el conflicto no es una causa en sí misma: es consecuencia de un contexto mayor. Y la solución, para ser tal, va a tener que ser abarcativa e integral, con todos los poderes asumiendo su cuota de responsabilidad y corrigiendo sus respectivas áreas de competencia.
 

Cualquier otra resolución, solo va a postergar el problema hacia un futuro no muy lejano, o va a generar otro foco de conflicto con consecuencias tan intensas como indeseables.

 

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