Alberto Fernández, anunció nuevas medidas de restricciones por la pandemia desde la quinta de Olivos. Foto: Gentileza

 

Por Andrés Ávila

 

Todos lo sabemos. Todos sabemos que enfrentamos un virus que es tan real como letal. Todos sabemos, también, que hay diferentes grados de responsabilidad (e irresponsabilidad). En todos y cada uno de los niveles: desde lo personal, hasta lo institucional.

Todos lo sabemos. Salvo, quizás, algún grupo de extremistas radicalizados. Y digo «quizás», porque hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar ese calificativo.
¿Por qué? Porque se puede cuestionar. Porque se puede indagar.
Porque se puede debatir.
Porque se puede argumentar y contraarguementar.

Y, por sobre todas las cosas, porque «discrepancia» no es sinónimo de «negacionismo», «anti-vacunas», «anti-cuarentena», «anti-salud» o cualquier mote con el que se quiera abortar un debate incómodo. Un debate urticante. Molesto. Pero basado en aspectos reales, u otras caras de la misma moneda, si se quiere.

Y la más incómoda de estas verdades es la más dolorosa y la más inobjetable: es mucho más fácil pedir restricciones desde la tranquilidad de cobrar el sueldo al principio de cada mes.
Parece básico, pero no lo es.
Cobrar el sueldo al principio de cada mes.
Tan sencillo como eso.

Porque no es un privilegio del que gocen todos los argentinos. Y no intento, con estas líneas dar un golpe bajo, o levantar el dedo acusador contra las personas que tienen la suerte de no haber visto tan afectada su realidad económica (o cuya realidad, más allá de la inflación, no se viera modificada en lo absoluto). Nada de eso. Tampoco es mi intención enredarme en un debate ideológico donde el «cómo debería ser» termine distorsionando el planteo central de lo que se vive en el presente inmediato.

Hay una nueva escala de privilegios.
Hoy en día, en un país en recesión, con más del 50% de su población por debajo de la línea de la pobreza (más de 60% en el caso de los menores de edad), el solo hecho de TRABAJAR se convirtió en un privilegio.

Poder cobrar todos los meses, es también un privilegio. Ya sea por ser beneficiario de algún tipo de asistencia estatal, por una retribución salarial, o por el apoyo económico del grupo familiar… COBRAR se vuelve también un privilegio.

Poder llevar a cabo la modalidad del «teletrabajo», también es un privilegio. Claro que tiene sus obvias contraprestaciones, como todo trabajo. Los horarios se tornan difusos, los ámbitos se confunden. Lo han vivido muchos docentes. Otros trabajadores (informáticos, u otros profesionales) lo experimentan desde hace más tiempo. Pero de vuelta, puesto en perspectiva: al lado de la persona que se quedó sin nada -en un país pobre- el teletrabajo sigue siendo un privilegio.

Y dentro del ámbito laboral, cualquier tipo de trabajo en instituciones públicas/estatales de la República Argentina es, también, una forma de privilegio. El trabajador estatal goza de una serie de condiciones que no aplican al común denominador de los autónomos o asalariados del sector privado. El trabajador estatal es virtualmente imposible de despedir. La disposición de sus tareas, en el marco de la cuarentena, ha presentado una flexibilidad envidiable para cualquier persona ajena a esa estructura. Y en los estratos medios-superiores de la administración pública (cargos jerárquicos, o puestos intermedios en municipios, ministerios, legislaturas, etc.), se percibe una remuneración verdaderamente generosa, si se comparan las funciones desempeñadas con la equivalencia en el sector privado.

Quiero insistir varias veces en este punto: esto no es una crítica. Esto no es un escarmiento: es la exposición de una realidad.

Bienaventurados todos aquellos que tienen el privilegio (insisto de nuevo: privilegio) de gozar todos los meses de un buen sueldo, de un ingreso fijo.

Bienaventurados los que saben que su bienestar material, sus ingresos, su techo y la comida que ingieren todos los días, no se vieron o no se verán afectadas por medidas que restrinjan la circulación de los ciudadanos o la inhabilitación de actividades laborales específicas.

Bienaventurados: son privilegiados.

Pero traten de entenderlo, por favor: son privilegiados. Son los verdaderos privilegiados de la República Argentina. En el mismo país donde más del 60% de los menores de edad son pobres. En el mismo país donde la jubilación mínima ronda los 19.000 pesos, y el salario mínimo oscila alrededor de los 20.000.

¿Y eso es culpa de ustedes? ¡Por supuesto que no! Claro que no es culpa de ustedes.
Pero traten de entender, por favor, los que se sientan aludidos, que no están en el lugar más objetivo para evaluar si las restricciones son benéficas o no. Desde una perspectiva sanitarista, no exenta de buenas intenciones, pensarán que las restricciones implican «el mal menor».

Lamento decirles que no. Que para el trabajador «no esencial» (según el criterio estatal de «esencialidad»), cuando se presenta la disyuntiva entre aislarse de forma preventiva, o tomar los recaudos necesarios para concurrir a su trabajo y generar su sustento, la elección es muy clara. La urgencia por no morir de hambre, o por alimentar a los hijos, no deja mucho margen para la participación voluntaria en un supuesto altruismo colectivo, donde personas que ya tienen su ingreso asegurado le piden, al que no lo tiene, que no genere nada.

No se puede. No se pudo. Y no se va a poder. Porque ni el IFE ni los ATP llegaron en tiempo y forma. No ocurrió. Algunos ATP llegaron solo por 3 meses. Otros llegaron solamente en octubre (1 mes). El IFE (en 4 ediciones, totalizando unos 40.000 pesos para casi 9 meses) tampoco fue un amortiguador que balanceara la ecuación de todas las personas que se vieron damnificadas por el parate económico.

No alcanzó en el 2020. Y hoy, en la cadena nacional de abril del 2021, no se mencionó siquiera.

Esto no se trata de una chicana negacionista. Tampoco se trata de plantear soluciones mágicas que no existen.

Acá no hay «win-win». Y si insisto en evitar la ideologización del debate, es para tratar de entendernos desde los hechos concretos.

La situación sanitaria es preocupante: sí. Y la situación laboral de cualquier trabajador que no está en una situación de privilegio (más allá del trabajo en sí), también.

Entendamos eso. Tratemos de hacer un esfuerzo por entendernos, al menos, desde ese lugar.

Es justa la indignación de los que observan, frustrados, el agotamiento del personal de salud, y la irresponsabilidad de las personas que, por egoísmo o ignorancia, se exponen y exponen a sus entornos a situaciones evitables. Pero esa no puede ser la vara con la cual se juzguen, desde la tranquilidad del sueldo fijo, qué medidas se tienen que adoptar, o se deberían, para toda la población de la República Argentina.

El Gobierno puede decirle a un trabajador que «no es esencial»: eso no quita que esa persona tenga que trabajar. Lo que sí puede hacer el Gobierno es tomar un conjunto de medidas integradas y simultáneas, de probada eficacia: como se ha visto en el Primer Mundo, y como se ve en el resto de Latinoamérica, tanto en el plano económico como sanitario (no es cierto que todo el mundo esté viviendo esta pandemia exactamente igual).

En Argentina no hay «win-win». Y en vista de lo que venimos viviendo, no va a haber «win-win». Pero sí estamos a tiempo de, por lo menos, evitar profundizar la fractura social enemistándonos entre ciudadanos que lo único que queremos es vivir con dignidad y trabajando honestamente.

Y estamos a tiempo, también, de evaluar bien qué le reclamamos a las autoridades a quienes hemos delegado la responsabilidad y el presupuesto para gestionar la administración del país en todas sus realidades (económica, sanitaria y social).

Y preguntarnos constantemente si no estaremos realmente viviendo una situación de privilegio.

Y si desde la comodidad de ese privilegio, no estaremos reclamando medidas que representen la desgracia de millones de otros conciudadanos argentinos.

 

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