En una nota publicada en «Tribuna de Periodistas», Facundo Pastor presentó un análisis de la polémica generada a partir de la decisión del gobierno argentino de comprar las vacunas contra el Covid19, elaboradas en la ex Unión Sovietica.

Pastor da cuenta de los distintos actores de la política que intervinieron hasta ahora con las principales declaraciones, donde existieron cruces de palabras en las más altas esferas de las decisiones gubernamentales.

 

Facundo Pastor escribió: «La expectativa por la llega de la vacuna rusa Sputnik V y la marcha y contramarcha del gobierno con el laboratorio Pfizer habilitaron un clima de incertidumbre y sospechas en un tema de altísima sensibilidad social.

La palabra coimas apareció en el discurso público instalado por una oposición que planifica algunas acciones políticas para robustecer una idea que prendió en el debate como reguero de pólvora.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich fue la primera en alzar la voz reclamándole al Gobierno que brinde información oficial que permita saber «si existieron pedidos de coimas» que complicaron la negociación con el laboratorio fundado en New York en 1849. «Queremos información del Gobierno, transparente, para que nos digan exactamente qué fue lo que pasó, por qué se cayó la negociación”, adelantó Bullrich en declaraciones a A24.com.

A las pocas horas, el diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, ante una pregunta de este cronista en el programa 4Días de la señal A24, fue más tajante: «Hay muchas sospechas si se le han pedido coimas, circula por todos lados”.

Con el tema ya instalado, el presidente Alberto Fernández no tuvo otra alternativa que salir a responder las acusaciones. “Alguien dijo públicamente que sospechaba que detrás de los idas y vueltas con Pfizer había un acto de corrupción. Corrupción fue dejar vencer miles de vacunas en los galpones de la aduana. Eso era corrupción y no lo escuché al presidente del radicalismo hablar de eso”, dijo Fernández (visiblemente enojado) en referencia al escándalo.

Luego le apuntó a su interlocutor con nombre y apellido: “Cornejo, venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera, porque nosotros no le robamos a la gente. Venga todas las veces que usted quiera”.

Según pudo saber A24.com, la oposición planea un contra ataque en dos frentes: el judicial y el parlamentario. El 4 de noviembre, el diputado nacional del PRO, José Luis Patiño realizó un pedido de acceso a la información pública ante el ejecutivo nacional. En el documento se solicita todo tipo de información respecto a las negociaciones del estado argentino en busca de obtener vacunas contra el COVID-19.

Esa solicitud tuvo una dilatada respuesta por parte de la oficina de Desarrollo de Política Públicas del Ministerio de Salud, el área responsable de la “información pública” de la cartera que maneja Ginés González García. El lunes vence la prórroga solicitada por los funcionarios oficiales y eso habilitaría a la oposición a iniciar un camino judicial. “Veremos que decisión tomar si la respuesta que nos dan en el inicio de la semana no nos termina de convencer”, cuentan las fuentes opositoras.

Por otro lado, desde Cambiemos anunciaron que también van a solicitar otros pedidos de información pública. Patricia Bullrich prepara uno de ellos. Al mismo tiempo, el propio Cornejo, decidió avanzar en el parlamento y presentó el suyo ante la Cámara baja para solicitar al ministro de Salud, Ginés González García, que detalle «en forma completa, circunstanciada y actualizada sobre la real situación en nuestro país acerca de las vacunas contra el coronavirus».

Cornejo consultó si el país contará con dosis de alguna vacuna antes del fin del año 2020 y «pidió a González García que le responda si considera que una Ley es un instrumento de trueque que se puede utilizar antojadizamente para llevar a cabo una negociación«.

La iniciativa, de coautoría entre Cornejo y la diputada Claudia Najul, es acompañada con las firmas de sus pares del bloque radical Albor Cantard, Gonzalo del Cerro, Dolores Martínez, Lidia Ascárate, Soledad Carrizo, Carla Carrizo, Estela Regidor, Juan Martín Musacchio, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Alejandro Cacace, Gerardo Cipolini, Mario Arce y Jorge Rizzotti.

Desde el oficialismo aseguraron que el pedido de informe no se va a aprobar en el ámbito parlamentario, y están convencidos que desde la oposición se viene una embestida judicial para “intentar sostener las sospechas en el centro de la escena política”.

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