
Luego de más de dos años, fecha en la que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, emplazó a la municipalidad de Villa Giardino a adecuar la instalación eléctrica de la Terminal de Ómnibus y normalizar el servicio en los locales comerciales, la situación continúa prácticamente sin cambios.
En febrero de 2020, por medio de un acta de inspección, EPEC intimó a la municipalidad a regularizar la situación de los locales comerciales, debido a que se alimentaban de un medidor instalado en el edificio municipal, con un cable que cruza por debajo de Av. San Martín. Los comercios, a excepción del kiosco, utilizaban el servicio por el cual no abonaban, cargándose el mismo a la cuenta pública.
El acta quedó misteriosamente guardada en la oficina de La Falda, hasta el momento en que se produjo el cambio de la cúpula jerárquica, y entonces fue remitida a la sede central.
Este medio, formuló un pedido de “Acceso a la Información Pública” al municipio para conocer la situación del servicio eléctrico y si los locatarios anteriores y actuales se habían hecho cargo de las deudas por el consumo eléctrico. Este pedido de informe, en una clara violación al derecho a la información, nunca fue contestado por el área correspondiente.
Lo preocupante del tema, no pasa solamente por lo dispuesto por la empresa en el acta del 2020, sino que Obras Públicas conocía la situación irregular del servicio y que los locatarios no abonaban desde la gestión anterior, al momento de estar esto informado en la auditoría realizada en 2016.
Todo sigue igual. El 7 de julio de este año, una vez recibida el acta del 2020 en el área de fraudes de EPEC, se ordenó una nueva inspección. En esa inspección se dejó constancia que la municipalidad no había concretado la adecuación de la instalación y que solamente dos locales tienen instalados los medidores, con la titularidad actualizada.
Esto se verificó con otra inspección ocular a mediados de julio.
De acuerdo a la información suministrada por una fuente de EPEC, la empresa volvió a intimar a la municipalidad para que normalice la prestación de servicios.
En conclusión, a pesar de lo informado en la auditoría firmada por la Doctora Alicia López y corroborado por las actas de EPEC del 2020 y 2022, solamente dos locales cuentan con medidores propios.
Las instalaciones eléctricas no están adecuadas a la Ley de Seguridad Eléctrica 10.281, por ende cualquier incidente derivado de esta situación, podría ser absoluta responsabilidad del municipio y en forma solidaria de EPEC.
El Concejo Deliberante, aprobó licitaciones de locales comerciales a pesar de la irregularidad expuesta en la auditoría del 2016.
Los comercios no pagaban por el servicio eléctrico la tarifa correspondiente, operando en total deslealtad comercial.
El municipio podría haber incurrido en una falta a la regulación vigente, al ceder energía a comercios.
El consumo de estos comercios fue aplicado a la cuenta municipal, por lo tanto serán los vecinos quienes deberán afrontar el pago.
Obras Públicas, no ejecutó ni hizo ejecutar lo intimado por las actas ni soluciono lo expresado en la auditoría.
Galería de fotos: mención de las irregularidades registradas en la Terminal de Ómnibus, incorporadas a la auditoría realizada por la Cdra. Alicia López en 2016. Pedido de «Acceso a la Información Pública presentado al municipio.
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